El 35.24% del total de partos en RD son haitianas; CIDH insiste que en el país persiste xenofobia y racismo
Santo Domingo. – Según un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el desarrollo que tuvieron los países con relación a los derechos humanos en el 2023 señaló que en República Dominicana aún persisten situaciones de discriminación racial y xenofobia contra los nacionales haitianos o descendientes de esa nacionalidad.
El organismo indica que le genera “preocupación” las informaciones de que mujeres haitianas en estado de embarazo y/o lactantes han sido expulsadas de territorio dominicano junto a sus hijos, indicando que tienen en su poder videos de operativos de la Dirección General de Migración (DGM) en hospitales en busca precisamente de personas con esas características.
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Esto a pesar de que en los datos otorgados por el Repositorio de Información y Estadística del Servicio Nacional de Salud (RIESS), entre enero y agosto de 2023, se reportaron 68,378 partos, de los cuales 24,100 corresponden a mujeres haitianas, cifra que representa el 35,24% del total de partos atendidos en República Dominicana.
Además de la discriminación en hospitales, la CIDH expresó preocupación por los obstáculos continuos para la obtención de documentos de identidad y la señala la necesidad de «restitución de la nacionalidad dominicana para personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana», afectadas por decisiones judiciales y administrativas restrictivas.
A lo que el Gobierno ha expresado, que se han expedido documentos de identidad a 60,773 personas identificadas por la Junta Central Electoral (JCE), pero muchas no han recogido estos documentos. Además, decretos presidenciales han otorgado la naturalización a 799 personas y se están tomando medidas para facilitar la estancia regular de estas personas en el país.
La CIDH advirtió que continuará vigilando de cerca la situación, destacando la importancia de medidas efectivas para prevenir y remediar la discriminación racial en todas sus formas en la República Dominicana, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.