Violencia y feminicidios en la República Dominicana que órdenes de alejamiento no impidieron

Santo Domingo. – La violencia de género y los feminicidios continúan siendo uno de los problemas más graves y urgentes en la República Dominicana, afectando a miles de mujeres y familias cada año. A pesar de los avances legales y las políticas públicas implementadas, las cifras siguen siendo alarmantes, revelando la magnitud de un fenómeno que no solo refleja una crisis de violencia, sino también una profunda desigualdad estructural.

La violencia intrafamiliar y de género, según lo define el Poder Judicial en su portal web, incluye cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual o psicológico a miembros del núcleo familiar o que responda a razones de género. Este concepto ha tomado relevancia en los últimos años; de hecho el 2022 se convirtió en un año crítico con 163 muertes, marcando el período más letal para las mujeres en el país.

Aunque entre enero y agosto de este año se ha reportado una disminución del 17.6% en comparación con el mismo período del año anterior—con al menos 34 mujeres víctimas de violencia machista— la situación sigue siendo alarmante. Esta nación es una de las latinoamericanas con las mayores tasas de feminicidios (2.7 por cada 100,000 habitantes).

En 2023, el país registró más de 200 feminicidios, según informes del Observatorio de la Violencia de Género. Este dato, aunque ligeramente menor que en años anteriores, sigue siendo preocupante y subraya la persistencia de la violencia machista. Los feminicidios, definidos como el asesinato de una mujer por razones de género, son la manifestación más extrema de la violencia de género que afecta a las mujeres dominicanas. Sin embargo, la violencia física, psicológica, sexual y económica también afecta a un número mucho mayor de víctimas, muchas de las cuales no llegan a denunciar debido al miedo, la falta de confianza en las autoridades o el temor a represalias.

A pesar de la gravedad del problema, el gobierno dominicano ha dado pasos significativos en la creación de políticas públicas para combatir la violencia de género. La Ley 24-97, promulgada en 1997 y modificada en varias ocasiones, establece un marco legal para la protección de las mujeres contra la violencia doméstica y establece sanciones más severas para los agresores. Además, en los últimos años se ha reforzado la capacitación de la Policía Nacional y el sistema judicial para abordar los casos de violencia de género de manera más eficiente.

Sin embargo, la implementación de estas políticas ha sido desigual, y en muchos casos la falta de recursos, la corrupción o la impunidad en los procesos judiciales han dificultado que muchas víctimas obtengan justicia. A menudo, los agresores no son condenados de manera efectiva, lo que alimenta la sensación de impunidad que prevalece en la sociedad.

El Código Penal dominicano contempla una serie de medidas cautelares que van desde el desarme del agresor y presentación periódica hasta prisión preventiva y órdenes de protección. Esta última es una de las que más predominan en los casos de violencia de género e intrafamiliar.

Las órdenes de protección, conocidas popularmente como órdenes de alejamiento, son sólo una de las múltiples medidas inmediatas implementadas por la Procuraduría para salvaguardar a las víctimas de violencia. Estas órdenes prohíben a los agresores acercarse o comunicarse con las afectadas, bajo pena de medidas cautelares. 

Entre 2020 y 2023 se registraron 272,336 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, los jueces emitieron 59,191 órdenes de protección. En 2023, las cifras son igualmente preocupantes: de 62,598 denuncias, se emitieron 30,088 órdenes de protección y 1,689 fueron medidas de coerción de las más de 2,000 solicitadas por los fiscales.

Según Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género Procuraduría General de la República (PGR), en los primeros ocho meses de este año, las querellas de violencia de género e intrafamiliar alcanzaron las 40,533. De esa cantidad, 25,052 recibieron orden de protección. A pesar del esfuerzo visible por parte del sistema judicial, los jueces y los fiscales, la falta de denuncias agudizan la situación al limitar la persecución penal oportuna

En cuanto a la respuesta social, organizaciones feministas y de derechos humanos continúan presionando por un cambio real. En 2023, diversas agrupaciones organizaron manifestaciones masivas en la capital y en otras ciudades del país, exigiendo mayores esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres y más medidas concretas para garantizar su seguridad. “El feminicidio no es un hecho aislado, es una manifestación de una cultura patriarcal que debemos erradicar. El Estado tiene que hacer mucho más para garantizar que las mujeres puedan vivir libres de violencia”, afirma Laura Castellanos, activista de la organización Mujeres en Acción.

Estos son algunos de los casos de feminicidios en RD que las órdenes de alejamiento no impidieron su muerte

Andreea Celea: En 2018, la joven rumana Andreea Celea fue encontrada muerta tras caer desde el octavo piso de un hotel. Gabriel Villanueva, su expareja con un historial violento y una orden de alejamiento en su contra, fue acusado de feminicidio y condenado a 20 años.

Elida Cabrera Toribio: En 2019, Elida Cabrera Toribio y su madre fueron asesinadas por Juan Recio, su pareja. Los vecinos confirmaron que él tenía una orden de alejamiento que no se respetó.

Pamela de la Cruz: En 2022, la tragedia tocó a la familia de Pamela de la Cruz, quien junto a su madre y hermana fue asesinada por Esteban Javier Cora, un agente de policía que también tenía una orden de alejamiento. El horror se intensificó cuando el agresor hirió a un menor durante el ataque.

Reina Mella: En 2022, Reina Mella fue víctima del exesposo de su hija, Ricardo Antonio Leonor Abreu, quien tenía una orden de alejamiento por ser un agresor confirmado. Este acto violento ocurrió frente a los hijos de Raquel Guerra, dejando secuelas imborrables.

Yoeli Aquino: En 2022, Yoeli Aquino fue asesinada frente a sus hijas por su expareja Darlin Paulino, quien también contaba con una orden de alejamiento tras haberla agredido y quemado su hogar.

Mieysi Arnaud: En febrero de 2023, Mieysi Arnaud fue asesinada por su expareja, quien luego se quitó la vida. A pesar de múltiples denuncias y una orden de alejamiento que nunca se cumplió, Mieysi no encontró la protección que necesitaba.

Chantal Jiménez: En abril de 2023, el país se estremeció con la noticia del asesinato de la modelo Chantal Jiménez, quien había comenzado a brillar en el mundo digital. Pese a contar con una orden de alejamiento contra su expareja, Graciano Cepeda, esta no fue suficiente para protegerla. Su padre reveló que tras un ataque previo, se retiró la medida de protección al creer en las palabras del agresor, pero eso resultó fatal.

Lucero Mateo, de 28 años, ultimada por su expareja, con quien procreó tres hijas. El feminicida había intentado matarla en cuatro ocasiones y, finalmente, consumó el hecho, a pesar de existir una orden de protección.

Belkis de los Santos Merán, de 40 años, murió como consecuencia de graves quemaduras sufridas cuando su expareja la empapó de gasolina y la incendió, cerrando la vivienda para impedirle salir. De nada valieron las dos órdenes de protección emitidas por las autoridades para Santos Merán. 

La violencia de género y los feminicidios en la República Dominicana siguen siendo una tragedia social que requiere una acción urgente y coordinada entre el gobierno, las instituciones de justicia, la sociedad civil y la población en general. Si bien se han logrado algunos avances en la protección de las mujeres y en la visibilidad del problema, la lucha por erradicar la violencia de género está lejos de terminar. Solo con un compromiso verdadero de todos los sectores sociales, será posible construir un futuro más seguro y equitativo para las mujeres dominicanas.