Veinte años de prisión a policías que mataron a pareja de cristianos en Villa Altagracia
El Tribunal Colegiado de Villa Altagracia ha emitido sentencias en un caso que ha conmovido al país, donde se juzgó a nueve policías por su responsabilidad en la muerte de la pareja de esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz en marzo de 2021. El veredicto fue anunciado recientemente, con penas de prisión para algunos acusados y absolución para otros.
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El coronel César Maríñez Lora y el raso Guillermo Rosario Melo fueron sentenciados a veinte años de prisión por su participación en el trágico incidente, mientras que el segundo teniente Victorino Reyes Navarro y el cabo Ángel de los Santos fueron declarados culpables de tentativa de homicidio y recibieron una condena de 8 años de prisión.
El Ministerio Público había solicitado penas de 30 años de prisión para ocho de los nueve policías involucrados, a quienes se les atribuyó la muerte de la pareja y el intento de asesinato de los acompañantes, Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez.
El trágico episodio tuvo lugar el 30 de marzo de 2021, cuando Joel Díaz y Elisa Muñoz fueron tiroteados por los agentes de policía mientras viajaban en su automóvil por la Autopista Duarte, luego de asistir a un evento religioso en Villa Altagracia. Ambos fallecieron debido a las heridas de bala.
El caso alega que los policías, después de recibir informes sobre un automóvil implicado en robos en otro municipio, organizaron un retén en el kilómetro 45 de la autopista para detener a los vehículos que se dirigían hacia Santo Domingo. Al notar la llegada del automóvil Kia blanco de la pareja, los oficiales dispararon sin realizar una requisa previa del vehículo y sus ocupantes.
La sentencia ha generado una amplia discusión en el país sobre la violencia policial y el sistema de justicia, ya que algunas de las penas impuestas fueron menores de lo que se había solicitado por parte del Ministerio Público.
Este caso es un recordatorio del debate continuo en la sociedad dominicana sobre la necesidad de reformas en la Policía Nacional y el sistema de justicia para garantizar que incidentes de violencia policial sean investigados adecuadamente y que se haga justicia en los casos de abuso policial.