Tribunal emite orden de alejamiento contra Wander Franco
En el caso del jugador de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad, el juez Romaldi Marcelino Henríquez ha impuesto medidas coercitivas y emitido una orden de protección en favor de la víctima.
Además de las medidas coercitivas, que prohíben a Franco acercarse a la adolescente de 15 años a menos de 100 metros, molestarla, perseguirla, asediarla y frecuentarla por cualquier vía, incluida la telefónica, el magistrado ha expresado su preocupación por la protección continua de la menor. Aunque la relación ilegal entre el jugador y la menor supuestamente ha concluido, el tribunal busca salvaguardar a la víctima de cualquier confrontación o enfrentamiento durante el proceso judicial.
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Es importante destacar que el tribunal ha decidido no considerar el cargo de explotación sexual comercial en el caso de Franco para imponer la medida de coerción. El juez Henríquez ha explicado que el expediente presentado solo contempla el cargo de abuso sexual, así como otros delitos como el abuso psicológico y la sustracción de menores. No se ha considerado la asociación de malhechores ni la explotación sexual y comercial que ha sido imputada por el Ministerio Público.
El magistrado argumentó que no se puede establecer la asociación de malhechores sin pruebas que demuestren que Franco, en acuerdo con otras personas, se dedicaba a la comercialización o explotación sexual de menores en general, no solo de la víctima en este caso. Además, se descartaron los cargos de comercialización y explotación sexual de menores debido a la relación amorosa que, según la entrevista psicológica preliminar, la menor sostenía voluntariamente con el acusado.
En cuanto a los cargos contra la madre de la adolescente, el tribunal consideró que, a excepción de la asociación de malhechores, se configuran en ella todos los tipos penales imputados por el Ministerio Público: explotación sexual comercial y lavado de activos. La madre podría enfrentar una pena de 10 a 20 años, según las acusaciones.
El tribunal ha subrayado que, a pesar de cualquier relación que pueda surgir de forma voluntaria, los adultos no pueden tener relaciones amorosas con menores, constituyendo esto un abuso sexual y psicológico, y que el abuso sexual está penalizado con cinco años de prisión en la legislación dominicana.