Un año después… La justicia tarda, ¿pero llega?
Un caso que evidencia un mal no erradicado. Que un hombre de 35 años invite a una alumna menor de edad a una salida podría ser un escándalo en cualquier sociedad, pero en República Dominicana el 12.5% de las dominicanas de entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 15 años, y el 37% antes de los 18 años, además, es uno de los países de la región con el mayor porcentaje de mujeres casadas o unidas antes de los 15 años.
Un trabajo publicado en 2017 en el Parlamento de Acción Global por la entonces diputada dominicana Gloria Reyes, reseña un intenso esfuerzo por frenar, desde la Cámara de Diputados, la unión infantil; para entonces, una de cada 5 adolescentes (23.4%) de entre 15 y 19 años estaba casada o unida con un hombre al menos 10 años mayor.
Una salida con malas intenciones. Otro de los males sociales que este caso pone en evidencia es como un superior abusa de su poder o autoridad para seducir a una mujer, menor en este caso; este comportamiento se conoce como acoso sexual. También el abuso de poder dirigido a obtener favores sexuales. Este tipo de conducta, frecuente en el país pero poco denunciada, es un claro ejemplo de cómo las dinámicas de poder pueden ser explotadas de manera inapropiada y dañina, violando los derechos y la dignidad de las mujeres y/o menores afectadas. En este caso, un profesor establece una dinámica de poder donde su jerarquía podría impedir un consentimiento libre y pleno, imponiendo una coacción sexual, dejando entrever presión o influencia indebida ejercida por el superior para obtener beneficios sexuales.
El abuso de confianza habría llevado a la muerte a Esmeralda, cuando el profesor, sabiendo que la familia le concedería el permiso, planeó la salida. De acuerdo con la acusación presentada el 14 de junio del 2022 ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, la intención de Martínez al organizar una salida con la adolescente fallecida era «aprovecharse sexualmente de la víctima dada su condición de vulnerabilidad, llevándola a un lugar desconocido por esta».
Una vez llegaron a la playa, como lo había planificado, él aprovechó para tener relaciones forzosas con ella. Hipótesis corroborada en la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del 19 de febrero, y que la acusación define como un ataque que le provocó «un sangrado incontrolable producido por la violencia física y sexual» que se ejerció en su contra.
Con la muerte de Esmeralda, despierta una vez más, las preocupaciones por el aumento permanente de violencia sexual. Según World Vision, en República Dominicana alrededor del 3% de los niños, niñas y adolescentes son víctimas de prácticas violentas en sus casas. Paralelamente, un 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad, y muchos de ellos son obligados a tener relaciones sexuales con turistas a cambio de dinero. Del mismo modo, un informe de UNICEF publicado a finales del 2022 reporta que en República Dominicana el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años habría sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
La justicia tarda, pero llega. Este popular refrán hace referencia a que las malas acciones tarde o temprano tienen consecuencias, sin embargo, el caso de Esmeralda, aún espera justicia. Su verdugo, fue detenido un día después de que los padres de Esmeralda la encontraran muerta, pero sigue sin sentencia definitiva.
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia pospuso para los días uno y seis de febrero del 2024 a las 9:00 de la mañana el juicio de fondo en contra del maestro John Kelly Martínez, señalado por el Ministerio Público como responsable de la muerte de la adolescente. Silvestre Antonio Rodríguez, abogado de la parte acusadora, detalló a la prensa que la audiencia se pospuso debido a que la jueza Sagrario del Río Castillo, presidenta del tribunal, está aquejada de salud y así se da tiempo a que ella se recupere.
La muerte de Esmeralda es un grito de alerta no solo sobre violencia de género, acoso sexual, violación de los derechos de los menores, sino también un marcado grito de justicia que retumba en este y otros tantos casos. Los largos procesos judiciales que por lo general llevan a los imputados a prisión preventiva, como este caso, se extienden tanto que la medida de coerción termina por ser variada, llegando en muchos casos a quedar en la nada.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) mostró su preocupación por la elevada cantidad de suspensiones de audiencias preliminares y de fondo generadas en los tribunales. La entidad basó inquietud en los informes preliminares de las estadísticas de la Oficina Nacional de Defensa Pública en el período enero-junio de 2023. De acuerdo con dichos informes, tan solo en la jurisdicción penal ordinaria, de 74,844 audiencias en agenda por la Defensa Pública, 52,376 fueron suspendidas, lo que equivale al 70% del total.
El trágico fin de Esmeralda no es solo una historia más de dolor y pérdida, u otra cifra para lamentar en las estadísticas de violencia de género, es un espejo que refleja las profundas heridas sociales de la República Dominicana. Este caso destapa la cruel realidad del acoso sexual y la unión temprana, enraizados en la cultura, pero sobre todo perpetuados por el silencio.
Más allá de la violencia directa y la falta de justicia, evidenciada por los interminables retrasos en los procesos judiciales, este caso revela un sistema que falla ante los más vulnerables. La muerte de Esmeralda debe ser una voz de alerta que resuene en cada rincón del país. Un año después, su historia es noticia vieja para algunos medios.