La voracidad de las llamas y la posterior columna de humo que invadían a casi todo el Gran Santo Domingo desde la media tarde del 28 de abril pasado develaron las entrañas de un poderoso y peligroso monstruo que con los años cobraba cada vez más fuerza y al que no se le prestaba la debida atención, su nombre Duquesa.
Junto con el COVID-19, Duquesa ha sido el mayor tema de preocupación de los residentes en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y parte de San Cristóbal y de Villa Altagracia, pero como toda crisis genera sus soluciones, se activó el botón de pánico en busca de una solución definitiva a ese problema que durante 28 años se ha ido incubando.
El incendio y posterior consecuencia aceleró un proyecto que reposa en la Presidencia de la República desde el año pasado, financiado con casi un millón de dólares, por el Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).
Desde Febrero de este año, el Ministerio de Obras Públicas había iniciado los trabajos, pero de manera tímida, acondicionado los accesos al botadero, tal y como lo manda el decreto 21-20 que crea una comisión especial integrada por varias instituciones del Estado y encabezada por el Ministerio de la Presidencia para trabajar en la reestructuración del vertedero de Duquesa, teniendo como fundamentos tres aspectos: mitigar la crisis sanitaria, trabajar el cierre técnico y la ubicación de un nuevo lugar para un nuevo relleno sanitario con las garantís técnica para que opere sin afectar la salud de la gente ni el medio ambiente.
