Sectores políticos y sociales advierten peligro de convertir a RD en centro de retención migratoria
La firma de un memorando de entendimiento entre República Dominicana y Estados Unidos sobre el ingreso temporal de nacionales de terceros países ha generado preocupación y fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos, sociales y comunicacionales del país.
El acuerdo, anunciado por el Gobierno dominicano en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, establece un mecanismo “temporal y excepcional” para recibir en territorio dominicano a un número limitado de extranjeros en condición de tránsito y sin antecedentes penales, excluyendo a ciudadanos haitianos y menores no acompañados.
Según el documento oficial, la medida contará con respaldo financiero y operativo de Estados Unidos, y se aplicará caso por caso, bajo las leyes dominicanas y los compromisos internacionales asumidos por el país. El Gobierno sostiene además que el memorando no altera la política migratoria nacional ni los procedimientos fronterizos vigentes.
Julio Martínez Pozo alerta sobre “Estados tapones”
El periodista Julio Martínez Pozo calificó el acuerdo como “sumamente delicado y preocupante”, advirtiendo que República Dominicana podría terminar desempeñando un papel similar al de los llamados “Estados tapones” utilizados en Europa para contener flujos migratorios.
Martínez Pozo cuestionó la falta de claridad sobre el tiempo de permanencia de las personas enviadas al país y sobre los mecanismos de depuración para garantizar que no representen riesgos para la seguridad nacional. A su juicio, el país no está preparado para asumir un compromiso de esa magnitud.
El comunicador consideró además que Estados Unidos estaría buscando compartir con países aliados la carga migratoria derivada de sus procesos judiciales internos de deportación. “República Dominicana se ha comprometido a asumir parte de esa carga”, expresó, al tiempo que sugirió que el Gobierno debería solicitar una posposición de la entrada en vigencia de esa parte del acuerdo hasta que sus alcances estén completamente definidos.
Ex director de Migración: capacidad operativa del país
Por su parte, el exdirector de Migración José Ricardo Taveras Blanco manifestó preocupación por las implicaciones logísticas y de seguridad que podría generar el convenio.
Taveras afirmó que Estados Unidos mantiene una política de deportación agresiva, pero enfrenta limitaciones judiciales y operativas que dificultan ejecutar rápidamente esos procesos, por lo que estaría trasladando parte del problema a terceros países.
El exfuncionario sostuvo que República Dominicana no cuenta con instalaciones adecuadas ni capacidad suficiente para manejar centros de retención administrativa para extranjeros. Además, alertó que, aunque Washington prometa apoyo económico, la carga operativa y financiera terminaría recayendo sobre el Estado dominicano.
También advirtió sobre la dificultad de depurar correctamente a las personas que podrían ser enviadas al país, debido a que muchos migrantes ingresaron irregularmente a Estados Unidos o carecen de documentación verificable. Según dijo, eso representa un desafío importante para las autoridades locales.
Llamado a revisar el acuerdo
Taveras criticó además que República Dominicana asuma responsabilidades que corresponden a Estados Unidos y llamó a la sociedad a rechazar el acuerdo para que el Gobierno pueda reconsiderarlo y renegociarlo con Washington.
El exdirector de Migración sostuvo que dentro de los perfiles de personas que podrían ser trasladadas existen potenciales riesgos para la seguridad nacional, por lo que calificó la medida como una política “equivocada” y advirtió sobre las consecuencias que podría traer a largo plazo para el país.
Pelegrín pide revelar acuerdo completo
El dirigente político Pelegrín Castillo pidió al Gobierno revelar íntegramente el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos sobre deportaciones y cooperación migratoria, al considerar que la población debe conocer el alcance real del acuerdo. Señaló que el carácter “no vinculante” del documento podría evitar controles del Congreso Nacional.
Castillo expresó preocupación por el apartado relacionado con la recepción de ciudadanos de terceros países deportados desde territorio estadounidense y pidió que el Gobierno explique con claridad cómo funcionará ese mecanismo, quiénes serían enviados al país y bajo qué condiciones permanecerían en territorio dominicano.
El exlegislador advirtió que Estados Unidos estaría buscando alternativas para manejar el volumen de deportaciones ante las dificultades judiciales que enfrenta ese proceso, por lo que insistió en que República Dominicana debe actuar con cautela antes de asumir compromisos que puedan afectar su estabilidad y capacidad operativa.
Leah Francis Campos: El acuerdo respetará soberanía dominicana
La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, afirmó este martes que el proceso para que la República Dominicana acoja un «número limitado» de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos se realizará respetando la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes.
Precisó que el acuerdo, que busca «facilitar» el retorno de estas personas a sus naciones de origen, excluye a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados.
Mediante una publicación en Instagram, la embajadora señaló que hoy, la República Dominicana se ha sumado a otros países socios de la región al firmar un Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos para facilitar el traslado temporal, a corto plazo, caso por caso, de un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes criminales que hayan sido sometidos a un proceso de selección.