¿Qué es el juicio político y cómo se lleva a cabo?
Según la Constitución de la República Dominicana, el juicio político es un proceso en el que se somete a un funcionario público acusado de cometer algún acto ilícito dentro del ejercicio de sus funciones.
El artículo 86 de la Constitución establece que el Congreso Nacional es el encargado de iniciar el juicio político, el cual puede ser aplicado a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los miembros de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, entre otros funcionarios públicos.
Para iniciar el juicio político se requiere de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en cada una de las cámaras legislativas.
¿Qué dice la Constitución dominicana sobre este tipo de juicio?
«La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación». Artículo 83Constitución de la República Dominicana.
Posterior a la denuncia, el Senado juega un rol de “conocer la acusación” y, si aplica, la persona acusada será sometida a juicio ordinario con arreglo de ley. Solo llegará a juicio si dos terceras partes del senado se ponen de acuerdo, según lo establecido por el artículo 80.
También establece que “la declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años”.
Janel Ramírez sacó a la luz varias inconformidades con el pleno de la Cámara de Cuentas durante una entrevista el martes en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11. Dijo sentirse como “un preso de confianza” desde su posición.
El presidente de la CC también denunció que en una ocasión, el pleno llegó a tomar decisiones sin su presencia, hecho que catalogó como “un golpe de Estado”.
Tras emitir esta declaración, Ramírez reconoció que la institución que encabeza está sumergida en un estado de “ingobernabilidad”.