Productores de Baní estiman pérdidas por RD$90 millones tras veto de EE.UU. al mango dominicano
El cierre intempestivo de las exportaciones de mango hacia los Estados Unidos por la presencia de la «Mosca Caribeña de la Fruta» (Anastrepha Obliqua) dejará pérdidas estimadas en 1.5 millones de dólares (unos 90 millones de pesos) a los productores de Baní.
La veda norteamericana, que afecta directamente a un centenar de agricultores locales en el tramo final de la zafra, ya ha provocado un desplome del 50 % en el precio de la fruta en el mercado nacional.
German Báez, presidente de la Asociación Banileja de Productores de Mangos (ABAPROMANGO), reveló a Listín Diario el fuerte impacto de la medida.
Detalló que una sola de las seis empresas empacadoras del país vio frenado el envío de 55 contenedores de la variedad Mingolo programados para julio y agosto, equivalentes a unas 60 mil unidades de la fruta. Asimismo, se canceló un pedido de 30 contenedores de la variedad Keitt solicitado por la compañía estadounidense Wodman.
Fuentes del sector con acceso directo al informe oficial de la oficina norteamericana de Sanidad Vegetal revelaron a este diario que la veda responde a graves fallas y debilidades sistemáticas en los programas de control fitosanitario durante los últimos cinco años.
Los inspectores estadounidenses descubrieron que, mientras las trampas en las fincas estaban repletas de insectos, los reportes oficiales presentados por los técnicos del Ministerio de Agricultura aseguraban que la presencia de la mosca era «cero».
El informe también evidenció malas prácticas extremas en el manejo de los protocolos: trampas mal colocadas, niveles de agua incorrectos y, en un caso insólito, una trampa amarrada a una mata de bayahonda. Además, se detectó una gran acumulación de mangos podridos en los suelos de las fincas, lo que acelera la propagación de la plaga.
Productores locales responsabilizan de esta negligencia al Ministerio de Agricultura, denunciando que los técnicos encargados de supervisar las plantaciones trabajaban en condiciones de total precariedad.
«Se les debían hasta seis meses de salario, la mayoría estaba por contrato nominal y ni siquiera los proveían de combustible para movilizarse», afirmó un agricultor bajo condición de anonimato.