Procuraduría inmoviliza bienes de Antonio Espaillat por tragedia de Jet Set
La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la inmovilización de los bienes del empresario Antonio Espaillat López y de las empresas vinculadas a él, como Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, tras detectar presuntos intentos de traspaso de propiedades que podrían obstaculizar el resarcimiento a las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril en Santo Domingo, en el que fallecieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha desplegado varias diligencias procesales en el marco de la investigación abierta sobre el siniestro. Entre ellas, se incluyen oposiciones legales a transacciones y transferencias de bienes relacionados con Espaillat y sus empresas.
Según fuentes vinculadas a la investigación, estas acciones se tomaron tras confirmar que el empresario habría intentado mover activos y propiedades a su nombre, lo que el órgano acusador interpreta como una posible estrategia para evadir responsabilidades civiles frente a las víctimas y sus familiares.
“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, explicó una fuente del caso. Las medidas están siendo ejecutadas bajo el marco legal que ofrece la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque aclararon que el empresario no está siendo investigado por este delito.
“Se utiliza esta figura jurídica como vía para frenar administrativamente cualquier movimiento de bienes mientras avanza el proceso judicial”, indicaron.
Además de la revisión patrimonial, el Ministerio Público también está investigando aspectos estructurales, licencias, pólizas de seguros y el cumplimiento de normativas por parte del Jet Set Club, un emblemático centro de espectáculos del país que funcionaba bajo la sociedad Inversiones E y L SRL.
A pesar de que Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de las autoridades y aseguró que sus empresas colaborarán con la investigación, la PGR ha decidido actuar con firmeza para proteger los derechos de las víctimas. Entre los fallecidos se encontraba el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta al momento del colapso.
Las acciones del Ministerio Público están sustentadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), la cual le otorga facultades para dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad, asegurando la protección de las víctimas y el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, las autoridades han reafirmado su compromiso con la verdad y la justicia para las más de 400 personas afectadas directamente por esta tragedia que ha conmocionado a la nación.