Prisión preventiva para ocho de los imputados en el caso SeNaSa 2.0
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a ocho de los imputados en el caso SeNaSa 2.0, investigación que el Ministerio Público vincula con un presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según informó este lunes el Ministerio Público, el tribunal envió a prisión a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet. Los cuatro cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.
También recibieron 18 meses de prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista. Ellas cumplirán la medida en el CCR Najayo Mujeres.
Otras medidas de coerción
El tribunal también impuso arresto domiciliario a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Asimismo, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo deberán cumplir arresto domiciliario, pagar una garantía económica de dos millones de pesos y tienen impedimento de salida del país.
A Martha María Saldaña Saldaña le impusieron una garantía económica de tres millones de pesos, arresto domiciliario e impedimento de salida.
En tanto, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, cumplir presentación periódica y tienen impedimento de salida del país.
La audiencia comenzó el domingo después de las 9:00 de la noche y concluyó cerca de las 10:00 de la noche.
Ministerio Público advierte a médicos
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, advirtió a los médicos que prestar sus códigos puede llevarlos a enfrentar un proceso penal.
Camacho sostuvo que los 22 médicos procesados en este caso fueron incluidos en la investigación por haber prestado sus códigos y llamó a tomar el caso como referencia para prevenir situaciones similares.
“Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, afirmó.
Acusaciones de la Fiscalía
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación forma parte de la Operación Cobra. Su primera fase llevó al arresto del exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, a quien la Fiscalía señala como supuesto cabecilla del entramado, junto con otros nueve imputados.
El Ministerio Público asegura que durante la investigación recopiló evidencias sobre presuntos sobornos, alteración de estados financieros y el uso de programas especiales que, según su versión, carecían de sustento jurídico y habrían servido para distraer fondos públicos.
El caso también está relacionado con otras líneas de investigación, entre ellas la Operación Onco14, desarrollada en junio pasado. Esta investigación derivó en el arresto de tres personas por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y SeNaSa.