Misión de la ONU concluye que la Guardia Nacional Bolivariana es responsable de crímenes de lesa humanidad
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela ha cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, concluyó este jueves la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en su informe más reciente.
De acuerdo con el documento, funcionarios de la GNB perpetraron o participaron directamente en privaciones arbitrarias de la vida, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en actos de violencia sexual y de género. Estos abusos ocurrieron tanto en operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva.
Un patrón de represión sistemática
Según la Misión, estos crímenes se han mantenido en el tiempo gracias a un ambiente prolongado de impunidad estructural. Marta Valiñas, presidenta del organismo, afirmó que “los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido por más de una década”.
El informe describe cómo la doctrina de “seguridad nacional” impulsada por el Estado venezolano ha fusionado funciones militares y policiales, reforzando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el poder de la GNB en tareas de control social y represión.
La cadena de mando altamente centralizada —bajo la dirección del presidente de la República como comandante en jefe— facilitó la ejecución de acciones ilícitas sin mecanismos efectivos de supervisión o rendición de cuentas, detalla el documento.
Uso letal de la fuerza y violencia extrema en protestas
El informe identifica abusos particularmente graves durante los picos de protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024. En esas jornadas, la GNB habría utilizado fuerza desproporcionada y armas letales disparadas de forma indebida, incluso apuntando a zonas vitales de los manifestantes. La Misión también recibió información sobre la modificación de proyectiles para causar mayor daño.
Además, se registraron detenciones arbitrarias masivas y selectivas, siembra de evidencia, torturas y violencia sexual, prácticas que, según la Misión, no fueron hechos aislados sino parte de un patrón orientado a castigar y doblegar a las víctimas.
“Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas”, señaló Valiñas.
Persecución política y “Operación Tun Tun”
La Misión concluyó que la GNB ha sido un actor central en el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Datos de organizaciones de la sociedad civil indican que este cuerpo ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos entre 2019 y 2020, así como un rol clave en la llamada “Operación Tun Tun” tras las elecciones de 2024, destinada a criminalizar opositores mediante acusaciones infundadas de terrorismo e incitación al odio.
Impunidad sostenida por un sistema judicial disfuncional
El informe señala fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano, caracterizadas por investigaciones paralizadas, manipulación de evidencia, obstrucción por parte de la GNB y sanciones que recaen únicamente en personal de bajo rango.
Estas condiciones, según la Misión, confirman la incapacidad o falta de voluntad del Estado para procesar adecuadamente los abusos.
La Misión determinó que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB y altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud del Estatuto de Roma, tanto como autores directos o indirectos, como por responsabilidad de mando.
Llamado a la comunidad internacional
“La persistencia de estos crímenes y la ausencia de justicia adecuada requieren una respuesta contundente de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas”, subrayó Valiñas.
El informe fue elaborado bajo la supervisión de los miembros de la Misión Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Patrícia Tappatá Valdez, estos dos últimos culminando su mandato el 31 de octubre de 2025.