Ministro de Salud respalda acciones del Ministerio Público sobre el caso SeNaSa
«Vamos a dejar que el Ministerio trabaje», fue parte de lo dicho por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah luego de que un tribunal dictara 18 meses de prisión preventiva en Najayo para siete de los diez imputados en el caso de presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y afirmó que «el gobierno ha sabido entender que la justicia es independiente y le está dando a la justicia el valor que tiene que dar»
«Entendemos la preocupación de la nación en ese sentido y lo que queremos decir a la población es que nosotros estamos con ellos y queremos apoyar cada uno a la medida que tome el ministerio público y le vamos a dar el resbalo a nosotros», dijo el funcionario.
A la cárcel de Najayo
En tanto, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la noche de este domingo 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas, como medida de coerción por la acusación de cometer irregularidades administrativas en la pasada administración del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El magistrado acogió el pedimento del Ministerio Público de también declarar el caso complejo. A tres imputados que colaboraron con el Ministerio Público se les dictó prisión domiciliaria, impedimento de salida y al pago de una garantía económica de un millón de pesos.
Todos los hombres deberán cumplir la prisión en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que la única mujer que se le envió a la cárcel deberá cumplir su coerción en Najayo Mujeres, ambos centros ubicados en la provincia San Cristóbal.
Las personas que irán a prisión preventiva, además de Santiago Hazim, son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Mientras que a prisión domiciliaria irán: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella. Ese fue el pedido del MP, el órgano acusador solicitó luego de que alegadamente admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.