Migrantes venezolanos con miedo ante las deportaciones masivas en Trinidad y Tobago
Cuando la venezolana Julie Ramírez huyó de su país, por la persecución política en 2016, creyó haber encontrado un refugio en Trinidad y Tobago. Casi una década después, esta mujer de setenta años vive nuevamente con miedo, esta vez a ser deportada.
Ramírez, solicitante de asilo y quien trabaja como cuidadora, cuenta a EFE que «la ansiedad» se ha apoderado de la comunidad migrante venezolana en todo Trinidad y Tobago, tras el aumento de los controles migratorios.
Esa sensación de zozobra la comparte Marannys Guerra: «Temo perder todo lo que he construido», dice esta venezolana, que administra un bar en el sur de Trinidad y tiene un pequeño salón de belleza donde hace manicuras y pedicuras.
¿Qué reveló el memorándum gubernamental sobre la deportación?
Un memorándum gubernamental filtrado, con fecha del pasado 27 de octubre, revela que el Ministerio de Seguridad Nacional instruyó detener a todos los extranjeros indocumentados y mantenerlos en el Centro de Detención de Inmigrantes «hasta su repatriación».
El texto también confirma que «se está considerando la implementación de una deportación masiva» de venezolanos en Trinidad y Tobago, que mantiene en la actualidad unas tensas relaciones con Caracas.
¿Cómo afecta el estado de emergencia a la comunidad venezolana?
Desde que se hizo público el documento, los migrantes reportan un aumento de la presencia policial. Trinidad y Tobago se encuentra, además, bajo estado de emergencia desde el pasado 18 de julio, para enfrentar a una red criminal que presuntamente tiene el objetivo de atentar contra altos funcionarios.
Esta medida, que ha sido ya prorrogada dos veces, otorga a la Policía y las Fuerzas de Defensa mayores prerrogativas para arrestar a sospechosos, realizar registros y entrar en propiedades sin orden judicial.
En la ciudad de Chaguanas, en el centro del país, agentes detuvieron recientemente un taxi con varios venezolanos a bordo. Entre ellos estaba la maestra Teresa Fernández, cuyo permiso de trabajo vence el próximo mes.
«Estamos aterrorizados. Ni siquiera podemos tomar un taxi sin preguntarnos si nos arrestarán», asegura Fernández a EFE.