Los últimos “tropezones” del gobierno de Abinader lo obligarían a renovar el gabinete de cara al 2026
Para nadie es un secreto que, durante los últimos meses, el gobierno del presidente Luis Abinader se ha visto atravesar momentos difíciles que han afectado su imagen y a miles de dominicanos. Estos acontecimientos han obligado al mandatario a entrar el 2026 «chapeando y moviendo” funcionarios dentro del tren gubernamental. Entre los cambios que hasta el momento haya realizado el mandatario está la Dirección General de Aduanas, Consultor Jurídico, Justicia, Industria y Comercio, Ministerio de la Vivienda, Impuestos Internos, Agricultura, Ministerio de la Mujer, Supérate y el Gabinete Social.
Entre los escándalos, algunos de corrupción, figuran el más reciente del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), donde una red encabezada por Santiago Hazim habría defraudado a esa entidad con casi 16 mil millones de pesos; el apagón en el Aeropuerto Internacional de Las Américas; las fallas en el Metro de Santo Domingo; los apresamientos de empleados vinculados al Ministerio de Agricultura; así como las denuncias contra Ángel Hernández, exministro de Educación, entre otros casos.
SeNaSa-Hazim
El pasado 7 de diciembre, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, con la cual inició un proceso de judicialización y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud. En este caso, tres de los imputados admitieron ante un juez que pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, y a otros funcionarios de esa entidad estatal.
Por esta razón, el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otras seis personas, como medida de coerción por la acusación de cometer irregularidades administrativas. Mientras tanto, a tres imputados que colaboraron con el Ministerio Público se les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos.
En torno al caso, el presidente Luis Abinader afirmó que la investigación realizada en el Seguro Nacional de Salud es una muestra clara de la determinación de su administración de actuar sin dilaciones ante cualquier señal de irregularidad, garantizando que en su gobierno no habrá casos de corrupción que no sean investigados a fondo.
Apagón del AILA
Otro hecho que irritó a miles de dominicanos y acaparó los principales titulares de los medios nacionales ocurrió en septiembre, cuando una falla eléctrica dejó fuera de servicio por casi nueve horas a la principal terminal aérea de Santo Domingo. Así lo reveló la Comisión Aeroportuaria, que precisó en su informe preliminar que, ante el fallo eléctrico, no estaba disponible el circuito de respaldo (espejo).
Dicha falla afectó a unos 5,000 pasajeros y a 47 vuelos con diferentes destinos.
Apagones en todo el país
También los apagones de hasta ocho horas castigaron en sectores del Gran Santo Domingo y otras provincias, intranquilizando a la población y causando pérdidas millonarias al comercio. Las interrupciones eléctricas se convirtieron en un mal que ha doblado el pulso a todas las administraciones gubernamentales y lo que se creía un problema del pasado, ha resurgido con fuerza.
Metro de Santo Domingo
Otro caso que generó gran malestar entre la ciudadanía fueron las irregularidades en el Metro de Santo Domingo, que obligaron a cientos de dominicanos a caminar y optar por otros medios de transportes. Durante el año 2025 se registraron al menos 12 incidencias, entre ellas seis fallas eléctricas o averías en ambas líneas.
Asimismo, la línea 2C del Metro de Santo Domingo, que se construye desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el municipio de Los Alcarrizos, muestra signos de deterioro, según videos difundidos en redes sociales, a pesar de que la obra aún no ha sido concluida, lo que ha generado molestia en la sociedad.
En ese sentido, el ingeniero Jesús Manuel Fernández Mañón, inspector de corrosión certificado en Estados Unidos, señaló que en varias zonas del viaducto se observan varillas en proceso de oxidación y presencia de mineral calcita en el concreto, señales iniciales de degradación.
Entre irregularidades y cuestionamientos, el presidente Luis Abinader destituyó en noviembre al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, a casi una semana de un apagón general que sufrió el país toda la tarde y parte de la noche del martes, y que sacó de servicio las dos líneas del Metro de Santo Domingo.
Ángel Hernández-Educación
De igual forma, el exministro de Educación Ángel Hernández fue duramente cuestionado por la sociedad y querellado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco). En septiembre, esta entidad presentó una querella por la supuesta violación de la Ley No. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos.
La acusación sostiene que Hernández habría omitido deliberadamente en su declaración jurada de patrimonio la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo de 2022, antes de ser designado en el cargo mediante el Decreto No. 414-22, emitido por el Poder Ejecutivo el 3 de agosto de 2022.
Agricultura
Mientras tanto, el recién destituido ministro de Agricultura, Limber Cruz, también fue tendencia en las redes sociales, luego de que en agosto las autoridades apresaran al jefe de seguridad del entonces ministro, el coronel policial Santiago Vesalio Regalado, y al jefe de seguridad de la institución, el militar israelí Harel Katz.
Ambos fueron interrogados por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a sus funciones de seguridad en el Ministerio de Agricultura.
De igual modo, la gestión de Cruz se vio en la palestra pública debido a supuestas deudas con productores agrícolas dominicanos, especialmente cebolleros de San Juan y otros gremios, quienes denunciaron pagos atrasados por cosechas entregadas bajo acuerdos previos. Estas deudas, según los productores, han afectado su economía y amenazan la producción agrícola, por lo que exigieron la intervención del gobierno, incluyendo soluciones a retrasos en seguros agrícolas.
En ese contexto, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el pasado martes cambios en el Ministerio de Agricultura al destituir a Cruz y designar a Francisco Oliviero Espaillat como nuevo titular de esa cartera, como parte del proceso de renovación y fortalecimiento del tren gubernamental.
El Intrant y DGCP
El director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, ha destapado nuevas capas en el polémico contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Dekolor para la expedición de licencias de conducir.
Pimentel reveló que, desde la entrada en vigencia del acuerdo en enero de 2020, todos los directores del Intrant han firmado las adendas que ahora la Unidad Antifraude de la Contraloría General cuestiona severamente. Las presuntas irregularidades ya se encuentran en un informe entregado al Ministerio Público.
Finalmente, otra institución que no bailó muy bien fue en el Intrant y es que, de acuerdo con el director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, quien ha destapado nuevas capas en el polémico contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Dekolor para la expedición de licencias de conducir.
Pimentel reveló que, desde la entrada en vigencia del acuerdo en enero de 2020, todos los directores del Intrant han firmado las adendas que ahora la Unidad Antifraude de la Contraloría General cuestiona severamente. Las presuntas irregularidades ya se encuentran en un informe entregado al Ministerio Público.
El contrato original con Dekolor se firmó en diciembre de 2019, entrando en vigor en enero de 2020 bajo la dirección de Claudia Franchesca de los Santos. Posteriormente, Rafael Arias, quien la sustituyó en agosto de 2020, y Hugo Beras, que asumió en agosto de 2022, también firmaron las controvertidas adendas. Esta sucesión de firmas por parte de todas las cabezas del Intrant desde el inicio del contrato subraya la profundidad del entramado que ha sido denunciado por la Contraloría.