Ley de trata de personas ¿Por qué la echaron para atrás?

El polémico proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes será retirado para reformular aspectos de su redacción y reintroducirlo en 45 días, según anunció el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley ha sido tendencia desde hace varios días, debido a que muchos lo calificaban como “antipatriótico”.

Pero, ¿por qué la polémica?

1- Específicamente el tema del “principio de no devolución”, contemplado en el punto 16 fue el que generó controversias con los detractores de la ley, que alegan que este podría ser interpretado como una llave para que los inmigrantes ilegales pudieran tener recursos para permanecer de manera definitiva en el país.

El principio de no devolución, indica que en caso de la víctima de trata de personas optar por la permanencia en la República Dominicana, el Estado deberá permitirle gozar de los bienes de ayudas y asistencias sociales que provee.

2- Favorece a los migrantes objetos de tráfico ilícito, opera ante pedido de asilo o refugio, cuando el migrante indique que su derecho a la vida o la libertad personal esté en riesgo de violación, a causa de raza, nacionalidad, condición social o de sus opiniones políticas.

El Estado dominicano debe facilitarles todo gratis.

3- Del mismo modo, el proyecto de ley de 95 artículos, dispone que serán gratuitos todos los servicios de las víctimas de explotación, esclavitud, desde los de salud, educación, gestión de documentos de identidad, de viajes y la regulación de estatus migratorios.

No se le podrá cobrar dinero por los procesos administrativos y judiciales ni cobro de tasas de impuestos de migración y de servicios judiciales. Aún cuando las víctimas no presenten denuncias, deberán recibir protección y asistencia de los organismos del Estado, con la celeridad de sus casos y no se les podrá aplicar a sus procesos el principio de la conciliación.

4- El gobierno se defiende

El Poder Ejecutivo, sin embargo, alegó que con el proyecto pretende que se le atribuyan nuevas funcionales a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim), para “dar una respuesta coordinada de todas las instancias que políticamente administran y suplen los servicios de atención a las víctimas, cuya Presidencia será ejercida de manera rotativa cada dos años, conforme al orden sucesivo indicado en el artículo de integración del pleno, el cual está determinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, de la Mujer, un representante del Poder Judicial designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia; la Dirección General de la Migración, el Consejo Nacional de la Niñez, la Policía Nacional, el Ejército de la República, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Turismo, de Interior y Policía, la Armada de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud (SNS)”.

“A través de este proyecto de ley, el Estado responderá integralmente a la trata de personas en todas sus modalidades, la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, la esclavitud, la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la explotación laboral, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos, extracción ilícita de órganos, el tráfico ilícito de órganos, la experimentación biomédica ilícita y otras formas de explotación”, dijo el mandatario Abinader en su carta a Eduardo Estrella, presidente del Senado, al depositar el proyecto.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, consideró el pasado viernes que ha habido confusión en relación a lo que establece un proyecto de ley sobre la trata de personas y lo que indica sobre el tráfico ilícito de migrantes.

«Esta propuesta de reforma lo que hace es darle una mirada desde los derechos humanos al tema de la trata», expresó Lorenzo a los periodistas en su participación en la presentación de las prioridades del Poder Judicial para el 2023.

Especificó que el proyecto busca dignificar el trato que se le debe dar a las personas víctimas de trata que, según investigaciones de Participación Ciudadana, las mujeres, las niñas y los niños son los principales afectado en el país.

5- En contra

El expresidente Leonel Fernández pidió este domingo que el proyecto de ley integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes sea retirado.

“Yo le pido al presidente Luis Abinader que retire ese proyecto de ley, porque eso significa una violación al derecho sobre los dominicanos”, dijo Fernández.

Aseguró que ya la República Dominicana cuenta con una ley que tiene que ver con la protección a las víctimas de tráfico ilícito. 

Pero el que ha ponderado el tema desde sus inicios ha sido el abogado Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista.

Del mismo modo, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que este anteproyecto debe ser inmediatamente retirado del Congreso.

«Este proyecto de ley debería ser sacado del Congreso, porque atenta directamente contra la soberanía de la República Dominicana, además de que evidentemente será utilizado para que los haitianos en asienten en más cantidad en el país», sostuvo Wilson Gómez.

También se opone el director de Migración, Venancio Alcántara, quien opina que no está de acuerdo que se ampare ilegales en el país.

«Yo sencillamente no estoy de acuerdo con que se acepten inmigrantes ilegales en el país», sostuvo

Al tema también se refirió el presidente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe quien aseguró que confía que el presidente Luis Abinader no permitiría que la soberanía del país se vea atacada.

«Yo estoy convencido de que el presidente Luis Abinader no va a permitir que la soberanía y la dominicanidad se vea vulnerada, eso es algo que desde siempre ha demostrado y lo seguirá haciendo», manifestó Uribe.

El proyecto de ley establece que los inmigrantes que sea víctimas de trata de personas puedan quedarse en el país, con una manutención que se produciría por respectivos aportes de personas jurídicas.