Iniciativa de José Martínez Hoepelman apoya implementación de barreras para restringir el “fantasma de la reelección”
Santo Domingo. – La Iniciativa por el Estado Social y Democratico del Derecho, publicó este jueves la primera declaración de la propuesta de reforma a la constitución que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de un estado social democrático y de derechos mediante el ejercicio de una ciudadanía responsable en el que además apoyan la implementación de barreras para restringir “el fantasma de la reelección en la vida política nacional”.
El comunicado en nombre de la iniciativa, firmado por el reconocido abogado José Martínez Hoepelman, expresa que, se busca consolidar un entorno en el que prevalezca el principio de legalidad, se equilibre el poder del estado y se garanticen los derechos fundamentales.
Esta propuesta, emitida por su portavoz, no solo busca dar a conocer esta iniciativa, sino también para compartir el punto de vista de este colectivo sobre la reforma de la carta sustantiva, que sería la número 40 en la historia de nuestra República.
Según el comunicado, esta iniciativa está en general de acuerdo con los objetivos establecidos por el presidente de la República en su carta de remisión de la ley de convocatoria enviada al Senado. Es notable que es la primera vez que un presidente en ejercicio, con una mayoría sólida, decide limitarse en el ejercicio del poder, lo cual refleja coherencia con su discurso y genera confianza en el país.
Sin embargo, algunos aspectos de la propuesta no se alinean con esos objetivos y que deberían ser objeto de un análisis y reflexión más detallados. La iniciativa no busca mutilar ni proponer elementos ajenos a los objetivos planteados por el poder político legalmente constituido. Por ello, de manera oportuna y detallada, presentaremos las razones y reflexiones que sustentan nuestra postura en cada punto propuesto.
En cuanto a los nuevos requisitos de elegibilidad para el Procurador General de la República y su exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura, la iniciativa respalda estos cambios como un esfuerzo loable para limitar el poder ejecutivo, aunque también llama a considerar cómo esta inmovilidad podría afectar la independencia de las instituciones.
Se aprueba con un “sí” condicionado la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, así como de los regidores a nivel nacional, destacando la necesidad de garantizar que esta reducción no perjudique la voluntad popular ni los principios democráticos. Se señala la preocupación por la proporción actual de diputados, que ha cambiado drásticamente en la propuesta en discusión, y se hace un llamado a una revisión meticulosa para asegurar que la reducción no afecte la representatividad democrática.
La iniciativa concluye con un llamado a la atención a futuras declaraciones que abordarán de manera específica cada punto de la reforma, con el objetivo de fortalecer la carta magna y adecuarla a los requerimientos actuales.