Impuesto del 1 % a las remesas desde EE.UU. costaría a RD más de US$234 millones al año
La aprobación del nuevo impuesto del 1 % a las remesas por parte del Senado de Estados Unidos amenaza con golpear directamente los bolsillos de millones de familias en América Latina, incluyendo República Dominicana, donde las remesas son una fuente clave de sustento económico.
En 2024, la República Dominicana recibió US$10,756 millones en remesas, de los cuales cerca del 85 % provino de Estados Unidos. Con la entrada en vigor del nuevo gravamen, prevista para el 31 de diciembre de 2025, el país caribeño podría perder al menos US$234 millones anuales únicamente por concepto del impuesto.
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No obstante, el impacto podría ser aún mayor. Si se suman las comisiones por transferencia (que oscilan entre un 5 % y 10 %) y la reducción en el volumen de envíos debido al aumento en los costos, las pérdidas para República Dominicana aumentarían significativamente, según informó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Más de un millón de dominicanos, tanto dentro como fuera del país, se verían afectados por esta medida, que limita el acceso a necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda, además de poner presión sobre el consumo interno, la estabilidad del tipo de cambio y las reservas internacionales.
Pérdidas regionales millonarias
República Dominicana no es el único país afectado. Las pérdidas estimadas por el nuevo impuesto a nivel regional y global también son considerables:
- 🇲🇽 México: US$1,549 millones
- 🇮🇳 India: US$466 millones
- 🇬🇹 Guatemala: US$415 millones
- 🇵🇭 Filipinas: US$378 millones
- 🇨🇳 China: US$374 millones
- 🇩🇴 República Dominicana: US$234 millones
¿Cómo funcionará el nuevo impuesto?
El gravamen del 1 % aplicará exclusivamente a las transferencias de dinero en efectivo o mediante instrumentos similares, como cheques de caja, realizadas desde Estados Unidos hacia el extranjero. Quedarán excluidas las transferencias hechas desde cuentas bancarias o mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en EE.UU.
Aunque el Congreso estadounidense aún debe conciliar la versión final del proyecto, la intención de promulgar la medida antes del 4 de julio —fecha simbólica para el expresidente Trump— ha encendido las alarmas entre economistas, activistas migrantes y gobiernos de la región.