Hallazgos del expediente Cobra 2.0-A: consultas ginecológicas a hombres, afiliados que no reconocen servicios y movimientos millonarios
La solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en el caso Cobra 2.0-A contiene 525 páginas en las que se detallan auditorías médicas, análisis financieros, experticias documentales, testimonios de afiliados e interceptaciones telefónicas que sustentan la acusación de una presunta defraudación contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El expediente describe una estructura en la que habrían participado exempleados de la institución, médicos y otras personas vinculadas mediante llamadas telefónicas y transacciones financieras.
Estos son algunos de los principales hallazgos que recoge la documentación.
Autorizaciones y reclamaciones que los afiliados no reconocían
Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con las autorizaciones solicitadas a través del centro de atención telefónica de SeNaSa.
Entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, tres números telefónicos habrían generado 4,363 autorizaciones para cirugías menores, consultas especializadas y otros procedimientos ambulatorios, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
De acuerdo con la acusación, para realizar estas solicitudes se utilizaban datos reales de afiliados, aunque posteriormente algunos de estos asegurados manifestaron que no habían solicitado ni recibido los servicios registrados.
El expediente recoge numerosos testimonios de afiliados que, al revisar sus historiales, encontraron consultas o procedimientos que no reconocían. En algunos casos, los entrevistados dijeron no conocer al médico que figuraba en la reclamación.
La documentación también registra casos en los que afiliados descubrieron múltiples reclamaciones que nunca les fueron realizadas. Uno de los testimonios citados, por ejemplo, refiere que un afiliado encontró ocho reclamaciones por consultas y procedimientos que nunca recibió.
Firmas cuestionadas y documentos bajo análisis forense
Las reclamaciones médicas también fueron sometidas a experticias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El expediente incorpora distintos informes de documentoscopía y análisis caligráfico que determinaron que firmas colocadas en formularios de reclamaciones médicas no correspondían con los rasgos caligráficos de los afiliados.
Uno de los informes citados analiza formularios de reclamaciones atribuidos a una afiliada y concluye que las firmas examinadas no se correspondían con sus muestras auténticas.
En otro caso, una reclamación atribuida a Martina Castillo fue sometida a análisis y el informe pericial determinó que la firma colocada en el formulario no correspondía con sus rasgos caligráficos.
La investigación también identificó reclamaciones con patrones gráficos similares, formularios sin firma del afiliado y documentos en los que la tipografía utilizada para completar los formularios presentaba coincidencias entre distintos prestadores.
El conocimiento interno de los procesos de SeNaSa
El expediente presta especial atención a personas que trabajaron dentro de áreas relacionadas con las autorizaciones médicas.
Ángel Luís Guzmán Vásquez habría trabajado como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.
Ese conocimiento sobre los procedimientos internos habría sido utilizado para facilitar la obtención de autorizaciones.
La investigación también señala a Heidy Coronado Paulino, quien habría ocupado el mismo cargo entre agosto de 2021 y marzo de 2025. El expediente sostiene que ambos conocían el proceso utilizado para tramitar las autorizaciones de las reclamaciones realizadas por los médicos investigados.
Además, el documento recoge casos en los que se habrían utilizado nombres distintos para realizar llamadas al centro de atención. En una de las situaciones descritas, Guzmán Vásquez habría llamado identificándose como “Ángel Beltré” para solicitar autorizaciones relacionadas con servicios atribuidos a una médica.
Servicios médicos que no coincidirían con los afiliados
Entre los patrones señalados en la investigación aparecen también servicios que no guardarían correspondencia con los afiliados a quienes fueron atribuidos.
La documentación registra, por ejemplo, consultas de ginecología para afiliados masculinos, además de reclamaciones que los propios asegurados dijeron no reconocer.
También aparecen testimonios de personas que afirmaron encontrarse trabajando, en sus hogares, fuera de la ciudad o fuera del país en las fechas en que, según sus historiales, habrían recibido determinados servicios.
Una selección de afiliados que habría reducido el riesgo de detección
Otro de los elementos planteados en el expediente es la selección de afiliados con bajo nivel de interacción institucional, lo que habría permitido reducir las posibilidades de que las reclamaciones fueran detectadas.
La tesis presentada es que el uso de los datos de estos afiliados permitía generar reclamaciones médicas sin que necesariamente existiera una interacción posterior que permitiera identificar rápidamente la irregularidad.
El dinero: diferencias entre ingresos y movimientos bancarios
El análisis financiero ocupa una parte importante del expediente.
En el caso de Ángel Luís Guzmán Vásquez, se citan registros de la Tesorería de la Seguridad Social que reflejan RD$1.45 millones en ingresos salariales entre agosto de 2015 y octubre de 2022.
En contraste, las cuentas bancarias analizadas registraron aproximadamente RD$64.8 millones en créditos y RD$64.4 millones en débitos, para un movimiento acumulado de unos RD$129.2 millones.
El expediente señala además múltiples transferencias entre personas investigadas.
Entre junio de 2024 y febrero de 2025, por ejemplo, Edwin Alberto Batista Cruz realizó diez transferencias a Guzmán Vásquez por un total de RD$977,407.
En otro caso, se registran transferencias de RD$201,700 realizadas por Angeury Guzmán Vásquez a favor de Ángel Luís Guzmán Vásquez entre 2023 y 2025.
La documentación también señala que Heidy Coronado Paulino realizó transacciones con Guzmán Vásquez por montos que, según la acusación, resultaban superiores a los ingresos salariales percibidos por ambos.
Transferencias con conceptos inusuales
El expediente identifica operaciones bancarias realizadas sin concepto o utilizando justificaciones que considera falsas.
Entre los conceptos citados aparecen “pago a san de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”.
La acusación sostiene que estas descripciones habrían sido utilizadas para ocultar el origen o propósito de determinados fondos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
El documento también describe múltiples transferencias y depósitos entre médicos, empleados y otras personas vinculadas a la investigación, analizados como parte de la circulación y distribución de los recursos presuntamente obtenidos mediante las reclamaciones cuestionadas.
Una conversación sobre los números telefónicos
Una de las evidencias incorporadas al expediente corresponde a una llamada interceptada el 4 de marzo de 2025.
Según la acusación, Ángel Luís Guzmán Vásquez conversó con Starky Rodríguez Nova sobre un reporte relacionado con tres números telefónicos que entre 2021 y 2024 habrían estado vinculados a procedimientos ambulatorios por aproximadamente RD$40 millones.
El expediente sostiene que Guzmán Vásquez identificó esos tres números como correspondientes a los de ambos y al de Angeury Guzmán Vásquez y preguntó si debían cambiarlos para evitar levantar dudas o sospechas.
La conversación, siempre según la documentación, continuó con referencias a consultar a un abogado y a la posibilidad de negar que hubieran realizado las llamadas. Guzmán Vásquez habría advertido entonces que las llamadas estaban grabadas.
El supuesto retorno de parte de los pagos
La investigación financiera también plantea que, una vez SeNaSa realizaba los pagos a los prestadores, parte del dinero habría sido devuelta a otros integrantes de la estructura.
El mecanismo descrito establece que los médicos podían retornar entre el 40 % y el 60 % de los montos recibidos, directamente o mediante terceros.
Estas operaciones son presentadas junto con las comunicaciones y transacciones financieras que, según la acusación, demostrarían vínculos económicos entre distintos investigados.
Una investigación sustentada en múltiples fuentes de evidencia
El expediente incorpora informes de auditoría médica de SeNaSa, análisis financieros de la Subdirección de Auditoría Forense del INACIF, experticias de documentoscopía, registros de llamadas y entrevistas a afiliados.
El cruce de estas evidencias es utilizado para sustentar un patrón compuesto por reclamaciones por servicios que los afiliados no reconocen, utilización de datos personales, documentos y firmas cuestionadas, autorizaciones solicitadas mediante llamadas telefónicas y movimientos financieros entre personas vinculadas a la investigación.
La solicitud de medida de coerción corresponde a la posición procesal del Ministerio Público. Los hechos y responsabilidades penales atribuidos a los imputados deberán ser establecidos y valorados por los tribunales durante el proceso.