Guerra contra las pandillas: Bukele recupera miles de viviendas usurpadas por pandillas
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó este viernes que la administración del presidente Nayib Bukele ha recuperado más de cuatro mil viviendas que las pandillas les habían usurpado a sus dueños a nivel nacional, al tiempo de señalar que tan solo en La Campanera, un populoso barrio de San Salvador, devolvieron 1.300 casas que estaban en manos de pandilleros que se apoderaron de toda la zona.
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En una entrevista exclusiva con la periodista Katherine Hernández, de CDN, canal 37, el funcionario salvadoreño dijo que la medida forma parte del plan que estableció el gobierno de Bukele, para recuperar las viviendas de familias que las pandillas mataron para despojarlos de sus propiedades, mientras otros tuvieron que salir huyendo para salvar sus vidas.
Indicó que una institución del Estado llamada “Fondo Social para la Vivienda” se encarga de administrar las casas que están quedando disponibles, información que, según dijo, puede ser constatada por los medios de comunicación que deseen investigar la situación.
Las libertades están garantizadas en El Salvador
“O sea, la libertad de prensa, expresión y movilización en El Salvador, es total y absoluta; en caso contrario, no tendríamos todo el turismo que está llegando con seguridad a zonas que antes no se podían visitar. Eso lo comprueba nuestro turismo interno, es decir, de la diáspora salvadoreña, ya que tenemos casi 3 millones de ciudadanos residiendo en Estados Unidos. Son personas que salieron y no regresaban a sus comunidades desde hacía 20 años, porque las pandillas podían matarlos para quitarles los dólares que llevaran”, expuso.
Sin embargo, aseguró que, en la actualidad, la diáspora salvadoreña está retornando e invirtiendo en su nación, ya que tienen un país diferente al de 20 años atrás. “Es una transformación estructural que se está dando a partir de la seguridad que está brindando el presidente Nayib Bukele”, añadió, en referencia al duro golpe que les han propinado a las pandillas.
El régimen de excepción
Al preguntársele hasta cuándo se extenderá el régimen de excepción que el Congreso salvadoreño decretó la madrugada del domingo 27 de marzo de 2022, con intención de frenar el «incremento desmedido» de los asesinatos, el vicepresidente de esa nación, primero aclaró que desde el inicio de la medida no han afectado ninguna de las libertades públicas.
“Para empezar hay que decir qué es el estado de excepción, porque mucha gente piensa que es como un estado de sitio, donde la gente no puede salir, está encerrada. En un país europeo alguien me comentó: según me han dicho, a las 10:00 de la noche nadie puede salir por el estado de excepción. Me río y le digo: el que te contó eso no sabe dónde está, porque a las 10:00 de la noche las discotecas, los restaurantes y las playas están llenos”, comentó Ulloa.
Y, agregó: “Es decir, nunca, desde que se inició el estado de excepción, se afectó ninguna de las libertades públicas. No se afectó el derecho a la movilización, ni el derecho a reunión ni la libertad de expresión, nada”.
En ese sentido, puntualizó que son cuatro las garantías que se suspendieron en la etapa inicial del estado de excepción, pero aclaró que en la actualidad solo aplica para suspender dos garantías constitucionales de carácter personales.
Estado de excepción solo afecta a personas con perfiles criminales
“Los ciudadanos, según la Constitución salvadoreña, cuando son detenidos, deben ponerse a la orden del juez dentro de las 72 horas, es la detención administrativa; se trata de una garantía constitucional, no me pueden detener más de tres días, al término de ese plazo hay que ponerme ante un juez, o me liberan. Esa se ha suspendido y se ha extendido a 15 días; o sea, la Policía y la Fiscalía pueden detener a una persona y mantenerla durante 15 días sin presentarla a la orden de un juez, porque las detenciones son masivas y no podían presentarse en tres días. Esa es una. La segunda es, que yo tengo derecho constitucional a mi privacidad, nadie puede intervenirme el teléfono, mi correspondencia, hoy ese derecho está suspendido, porque es necesario revisar los teléfonos y computadoras de los criminales”, expuso.
Sin embargo, precisó que estas garantías constitucionales se aplican por 30 días y solo afectan a las personas que son capturadas bajo el régimen de excepción. Por tanto, señaló que el ciudadano común y corriente no está sometido a la suspensión de sus garantías constitucionales.