Gobierno dominicano responde a comunicado de la CIDH y reafirma su soberanía en materia migratoria
La República Dominicana tomó nota del comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de febrero de 2026, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado dominicano, y fijó su posición de manera clara y responsable.
El Gobierno reafirmó su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos, al tiempo que subrayó su deber de cumplir y hacer cumplir su marco legal interno, en consonancia con la Constitución, las leyes nacionales y los estándares internacionales.
En ese sentido, el Estado dominicano reiteró que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva regional, tomando en cuenta la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que atraviesa Haití, la cual ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional sobre el país. Durante décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada con solidaridad y responsabilidad humana ante una crisis que trasciende sus fronteras.
El Gobierno recordó que, en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, una potestad que no es discrecional ni arbitraria, sino legítima y reconocida por el propio sistema interamericano.
Asimismo, explicó que las medidas adoptadas responden a la necesidad de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, a fin de evitar impactos negativos sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos, señalando que ningún Estado puede ser obligado a asumir la provisión de servicios de la población de otro Estado frente al colapso institucional de este último.
Finalmente, el Gobierno dominicano rechazó el llamado de la CIDH a la aplicación generalizada del principio de no devolución a toda persona en condición migratoria irregular, al considerar que ello equivaldría a obligar al país a aceptar el ingreso irregular indiscriminado, lo cual resulta incompatible con su ordenamiento jurídico y su capacidad institucional.
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