Fuerza del Pueblo dice que la «mano dura» del Gobierno contra la delincuencia ha fracasado
La Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó este martes el «incremento» de las muertes durante intervenciones policiales y advirtió que la política de «mano dura» del Gobierno evidencia el fracaso de los planes de seguridad ciudadana ejecutados durante los últimos seis años.
«Entre 2020 y 2026 se han registrado 1,152 muertes en intercambios de disparos o acciones legales», dijo la secretaria de seguridad ciudadana de la FP, Josefina Reynoso, a través de un documento de esa organización que recoge informaciones que ofreció en rueda de prensa.
La dirigente explicó que los registros de la organización contabilizan 76 muertes durante intervenciones policiales en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende aproximadamente a 236 fallecimientos.
Reynoso recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que advirtió que «ninguna institución del Estado tiene autoridad para condenar a muerte a un ciudadano».
La política dejó claramente establecida la posición de la organización respecto al derecho de los agentes policiales a defenderse: «la Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales, lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso».
En otro aspecto, cuestionó las estadísticas oficiales de homicidios, al señalar que mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 por cada 100,000 habitantes, los cálculos de su organización arrojan un porcentaje de 11.5 muertes.
Denunció que las autoridades han excluido de sus indicadores muertes durante intercambios de disparos, víctimas extranjeras y homicidios clasificados como indeterminados, lo que, a su juicio, impide conocer la verdadera dimensión de la violencia.
Asimismo, denunció que la propia Policía Nacional reconoció la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, entre ellas 17,635 por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 4,018 por agresiones sexuales y 2,681 por homicidios.