Fuera del closet: La vida de la comunidad LGBT en República Dominicana
Por Jesús García.- Mientras muchos tildan de victimizarse a las personas de la comunidad LGBT cuando exponen un trato desigual en redes y otro grupo se pregunta por qué no existe la marcha del «Orgullo Hetero», hay una persona haciendo una maleta llorando sin saber qué hacer, porque su familia le echó de casa por su orientación sexual o identidad de género.
Este es el caso de Agatha Brooks de 34 años de edad, quien en 2016 se quedó sin hogar tras salir del clóset como mujer trans.
«La gente de mi casa llegaron a la conclusión de que debía irme de la casa, porque me veía muy femenina y que ellos necesitaban un hombre en la casa», dijo Agatha cuando se le preguntó sobre las razones.
Luego agregó que su tía le expresó su desacuerdo debido a que como mujer trans no tendría hijos que continuaran con el apellido de la familia. Desde entonces Agatha vive con un amigo que le abrió las puertas.
Esto obliga a muchos a esconderse para no ser tratados desiguales ni en su casa ni en la calle.
En República Dominicana, un 46% de las mujeres lesbianas y un 54.8% de los hombres gays no expresan libremente su orientación sexual por miedo, según la primera Encuesta Nacional sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) realizada en 2020, que mostró la situación en la que vive el colectivo en el país.
Del mismo modo, el 96.7% de los encuestados afirmó haber sufrido o presenciado alguna forma de violencia relacionada con su orientación sexual o identidad de género durante la adolescencia, y el 42.1% informó haber experimentado discriminación o violencia durante el año 2020.
Agatha encaja en todos estos números, ya que no solo fue expulsada de su casa, sino que también ha enfrentado la violencia en varias ocasiones. En primer lugar, un día a las 8 de la noche, mientras esperaba en una esquina a su compañero de cuarto que la recogería debido a la oscuridad, un desconocido la atacó con un machete, dejándole una marca en la mano para siempre.
«Él me tiró a la cabeza, sin mediar palabras, pero yo le metí la mano», dijo mientras mostraba la cicatriz que atraviesa toda la mano. Pero luego, como si fuera poco haber sido atacada, tuvo que ver cómo su mano sangraba mientras en el centro de salud atendían a otras personas primero, hasta por un dolor de cabeza.
«Si no es porque el padre de mi amigo, que es doctor, llega y hace un escándalo preguntando por qué no me atendían, nadie me ponía la mano», añadió.
Es un «maricón»
Pero como la mayoría de las personas LGBT ser violentados se convierte en un asunto cotidiano. Luego también se sumó al 44.9% que ha sufrido detenciones, interrogatorios o agresiones injustificadas por parte de policías o militares, siendo el mayor número de violentadas personas transexuales.
Venía de celebrar su cumpleaños en la Zona Colonial. Llamó a su mamá que vivía cerca porque le daba miedo subir a su casa caminando sola. Cuando estaba llegando, pasó una patrulla y la piropearon: «¡Diablo, esa morena!», pero luego uno gritó: «Es un maricón».
Eso fue lo último que escuchó antes de que la patrulla se dirigiera hacia ella. Se asustó y lo más rápido que pudo entró a la llave para abrir la puerta. Se desmontaron y le golpearon la mano tan fuerte con una macana que rompieron la llave. Ella se aferró a los barrotes y ellos empezaron a golpearla. Gritó pidiendo ayuda y el vecindario se despertó.
Los policías se justificaron diciendo que ella salió corriendo.
«Sabemos dónde vives», advirtieron a Agatha antes de irse.
Ella al igual que más de la mitad de las víctimas de discriminación optó por no denunciar por temor a represalias o simplemente ser ignorada, al igual que sus compañeras que lo han intentado.
«Lo que pasa es que cuando una trans va a poner la denuncia, lo ven como un hombre con vestido y se burlan», dijo.
Agatha es de las que han vivido para contar su historia, de acuerdo con el informe «Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominicana 2022». Desde 2016, cincuenta y una mujeres trans fueron asesinadas y solo 6 recibieron sentencia.
Agregado a esto, el 2022 fue el año más violento para los hombres gays en los últimos 7 años, desde que la organización TRANSSA empezó a documentar los homicidios contra esta población en 2016, con 12 homicidios, así como 3 homicidios a mujeres lesbianas y 2 a mujeres transexuales, dejando claro que el principal problema de los crímenes contra la comunidad es la falta de respuesta.
Es la misma impunidad que acompaña a la inmensa mayoría de las 689 muertes de personas LGBTI que se registraron en América Latina y el Caribe entre 2019 (319 casos) y 2020 (370), casi una muerte por día, según el informe «Des-cifrando la violencia en tiempos de cuarentena: homicidios de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe».
El poco acceso de las personas diversas a la justicia pone en evidencia la falta de acciones específicas del Estado para prevenir y atender los crímenes de odio.
Para Juanjo Cid, activista Cuir y miembro de la dirección política de Opción Democrática, esto se debe a que la gente tiene miedo a denunciar y que se le discrimine por ser homosexual.
«Cuando un hombre gay va a denunciar violencia de género por parte de su pareja, por ejemplo, lo colocan como riña, porque es un hombre denunciando a otro», dijo.
Esto también pone en evidencia el por qué existe poca o ninguna información recopilada sobre crímenes de odio en el país.
En tres años, desde que en el 2021 se realizó la «Encuesta Nacional sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)», muchas cosas en el país han cambiado, pero para Juanjo la realidad del colectivo sigue paralizada.
«Nosotros sabíamos lo complejo del problema, pero no sabíamos que era tan grande, sobre todo el tema de cómo afecta psicológimente a discriminación y la opresión a las personas de la comunidad», dijo luego de reconocer que la realidad sigue siendo la misma.
Según la encuesta el 73.7% de las víctimas de violencia admitó tener secuales en sus vidas, especialmente de tipo emocional; el 57.9% dijo haberse deprimido, mientras otro 32.7% consideró quitarse la vida y 17.8% lo intentó.
Esta encuesta es la única que existe en RD sobre los problemas de la comunidad, por eso para los activistas se considera un logro. Sin embargo, los resultados son un golpe por el panorama dibujado sobre la realidad de los gays en el país.
Aunque estos datos fueron publicados hace 3 años, no han servido para que los legisladores los tomen en cuenta y creen políticas públicas orientadas a la protección de estas personas. Al contrario, en el 2023 se aprobó el proyecto del Código Penal con varias modificaciones que, según los activistas LGBT, consideran que los desprotege.
En el artículo 186 del nuevo Código Penal, que tipifica el delito de «discriminación«, se elimina la orientación sexual y el género como supuestos para el delito y los sustituye por «otros motivos».
El nuevo código, el artículo castiga actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión, entre otros motivos.
En el texto original del Código Penal también se incluía en esa lista de supuestos la orientación sexual o el género, pero fueron excluidos en la modificación aprobada en la Cámara de Diputados.
La preferencia u orientación sexual de la víctima también dejó de considerarse como agravante en el caso de homicidio o de torturas y actos de barbarie. Dichas modificaciones fueron realizadas al artículo 97, que define el homicidio agravado, y al 118, que tipifica las torturas.
«Desde el primer proyecto del Código Penal estaban estas protecciones», agregó Cid refiriéndose a que desde hace muchos años se tenían 5 protecciones para la comunidad. «Pero este gobierno que nos prometió 3 causales, que nos prometió protegernos, fue el que eliminó esas 5 protecciones en una lectura», continuó diciendo.
Juan Cid, quien también es coordinador del movimiento «RD es de Todes«, fue uno de los organizadores de una protesta frente al Congreso oponiéndose a estos cambios. Sin embargo, reconoce que aunque excluir «orientación sexual» del código penal es un retroceso en lo que se había conseguido, hay más trabajos y enfoques que se deben hacer a favor de las necesidades actuales del colectivo, como se ha hecho en otros países.
La situación de los derechos LGBT en Latinoamérica y el Caribe es desigual y varía considerablemente de un país a otro. Puerto Rico y Jamaica presentan diferencias significativas en comparación con Haití y Argentina, tanto en términos de normas legales como en la vida diaria.
En países como Cuba, por ejemplo, se han logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBT, pasando de ser un país muy conservador a la aprobación del matrimonio igualitario, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños y la «gestación solidaria» o subrogada sin fines de lucro, en un lapso menor a 20 años, mediante campañas de concientización desde el gobierno.
Juan apela a educar a la población para lograr el reconocimiento social del colectivo y luego abordar otros aspectos.
«Vamos a la raíz del problema, que es un problema de educación, de comunicación, de medios. La discriminación se corrige y se ha corregido en otras culturas y sociedades no a través de la penalización, sino a través de la educación», enfatizó.
Aunque también aseguró que aunque el congreso actual es el más conservador desde hace muchos años, socialmente hay avances de visibilidad, conseguidos por la marcha del orgullo o, por ejemplo, el acceso a medicamentos por ley para las personas infectadas con VIH desde hace muchos años.
Sin embargo, asuntos fundamentales como el reconocimiento del cambio de género, la participación en la política y la posibilidad de donar sangre siguen siendo temas de debate. La discriminación y el estigma persisten en ciertos contextos, especialmente en relación con los hombres que mantienen relaciones con otros hombres debido a temores relacionados con el VIH.
A esto se refiere Juan cuando dice que hay demasiados frentes para conseguir la igualdad que los miembros de la comunidad necesitan, porque aunque por un lado se identifican algunos logros, por otro lado va en retroceso.
Por eso invita a la sociedad civil a incluirse en el activismo no solo por los derechos de las minorías, sino, que desde confiscar lo que políticos prometieron en campaña no hicieron hasta exigir explicación sobre en qué gastan el dinero público.
“Nada va a cambiar si nosotros no provocamos ese cambio, los derechos nunca se han regalo”, añadió.