Familias denuncian abusos y bajas indemnizaciones durante desalojo por ampliación de la República de Colombia
El Gobierno inició este viernes el desalojo de decenas de familias en el sector Cuba de Arroyo Hondo Segundo, en el Distrito Nacional, como parte del proyecto de ampliación y reordenamiento de la avenida República de Colombia.
Según los residentes, el operativo comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana y dejó más de veinte viviendas demolidas. Aunque autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían notificado previamente el proceso, los afectados aseguran que las indemnizaciones ofrecidas —entre 300,000 y 1,100,000 pesos— no se correspondían con el valor real de sus hogares ni con el costo de reubicarse. Otros denuncian no haber recibido compensación alguna.
La tensión marcó la jornada. Vecinos relatan que fueron expulsados mientras dormían y acusan a los agentes policiales y militares de uso excesivo de la fuerza.
“Es un abuso lo que están haciendo. Yo apoyé al PRM y mira cómo me sacan a la calle. Tengo casi 70 años viviendo aquí”, expresó Rafael Soto, uno de los desalojados.
Edwin Rincón, maestro constructor, denunció haber sido agredido y detenido durante el operativo. Asegura haber perdido herramientas valoradas en más de 70,000 pesos y que su vivienda de tres niveles fue derribada sin recibir pago alguno.
“Me tumbaron la casa sin darme un centavo”, dijo.
Aún entrada la noche, los residentes seguían entre los escombros de lo que fue su comunidad, mientras las maquinarias ya habían sido retiradas del lugar.
El proyecto de ampliación de la República de Colombia incluye la construcción de un túnel de 580 metros que conectará la avenida Los Próceres con Jacobo Majluta y eliminará 25 cruces, sustituyéndolos por seis retornos para mejorar el flujo vehicular. El plan también contempla un impacto mínimo previsto en el Jardín Botánico Nacional y una inversión superior a los cien millones de dólares, provenientes de la renegociación del contrato con Aerodom.
Entre indignación y reclamos, los vecinos piden mayor justicia y transparencia en el proceso. “Hasta tiros hubo. ¿Cómo confiar en un Gobierno que nos maltrata?”, cuestionó José Uribe, quien asegura que incluso mujeres fueron golpeadas durante el desalojo.