Estructura caso Calamar contaba con funcionarios de nivel medio y bajo para lograr desfalco
La Operación Calamar involucró una estructura de funcionarios grandes, medianos y pequeños que tejieron un complejo entramado que según el Ministerio Público estafó al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos mediante fraudes, con los que se favoreció la candidatura de Castillo.
Mucho se ha hablado de los principales imputados entre ellos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y el abogado Ángel Lockward, quienes guardan prisión a espera de que el próximo domingo la jueza Kenya Romero les imponga medidas de coerción.
Pero esa supuesta red necesitaba de funcionarios de menor jerarquía para operar sin trabas, como los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Pasamos a describir la participación de estos últimos en el entramado al que se el Ministerio Público acusa de falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa.
El documento de solicitud de medida de coerción indica que durante la gestión del exministro de Hacienda, tenía como director a Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual fue luego sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa, quienes formaban parte del denominado proyecto de las bancas. Ambos – agrega la PEPCA – recibieron las instrucciones de Donald Guerrero de efectuar cobros irregulares a distintos negocios con juegos de azar, bajo la amenaza de ser cerrados por Hacienda.
El equipo, destaca, actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Mimilo Jiménez , José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros.
La PEPCA explica que la ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, «por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero«.