Empleados se han quedado sin trabajo y limitados para poder producir dinero por la suspensión de sus labores
En los últimos días miles de ciudadanos, además de enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus, viven en la incertidumbre de no poder pagar el alquiler y cumplir con los pagos de servicios, así como ver sus deudas crecer. Esa situación se debe a que miles de empleados se han quedado sin trabajo y limitados para poder producir dinero, a causa de la suspensión de sus labores y de varias actividades productivas por la COVID-19.
Ante el panorama de lo que esa coyuntura implica para los trabajadores, el presidente de la República Dominicana anunció el pasado 25 de marzo la creación del Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) mediante el cual se les entrega a los empleados suspendidos la suma de 8,500 pesos mensuales, monto que, a juicio de algunos beneficiarios no es suficiente para costear todos los gastos del hogar.
En ese contexto es donde surge la preocupación de decenas de miles de personas, quienes a pesar de no tener una entrada suficiente de dinero se ven obligados a cumplir con el pago de alquileres, servicios eléctrico, telefónico, colegiaturas y suplir la alimentación de la familia; ya que las facturaciones siguen su curso, con la única diferencia de que esos servicios no les podrán ser cancelados ni les generarán moras durante la permanencia del estado de emergencia.
Y es que, a diferencia de instar a los bancos a que adoptaran medidas para mantener el bienestar financiero de sus clientes, permitiéndoles que “salten tres cuotas” y sigan pagando en 90 días, eliminar comisiones y bonificarlos por consumos de tarjetas de crédito, el Gobierno no ha regulado el asunto de los demás pagos, incluyendo los alquileres, apelando quizás a la entendimiento amigable entre propietarios e inquilinos.
