El padre Manuel Fernando Pascual se salió del patrón usual de los curas acusados de ser abusadores, rompió el molde, en su extraña forma.

El delito por el que fue imputado es el de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la condición de sacerdote católico, la calificación para un cura violador, pero las víctimas no eran las típicas dentro de la Iglesia.

Durante al menos cuatro años, entre 2012 y 2016, Pascual, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó en forma serial a dos monjas, integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Eran tocamientos y sexo oral. Lo hacía en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden de religiosas realiza retiros espirituales, o en una obra a cargo de las hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos. El hogar es, también, el domicilio fiscal del cura, registrado para operar en los rubros inmobiliarios de la AFIP.

El padre Pascual tenía su método, al menos sobre una víctima. El pedido de elevación a juicio firmado en su contra por el fiscal Marcelo Retes tiene un párrafo algo perturbador: “Pascual ejerció una manipulación sobre su psiquis, siendo que la hacía hablar de situaciones traumáticas del pasado (entre las cuales constan abusos sexuales de vieja data), las cuales provocaban una profunda angustia en la victima, y frente a su incontenible llanto, Pascual aprovechaba el estado de vulnerabilidad, comenzando con el contacto físico y manipulación, de forma en que la besaba en todo el cuerpo y en la boca al tiempo que intentaba quitarle la ropa, esgrimiendo que dichas prácticas obedecían a buscar ‘una absolución, o bien sanarla del dolor que llevaba consigo’”, dice el documento. De allí, el cura seguía.

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