EE.UU. ordena a República Dominicana pagar US$44 millones a inversionista por caso Duquesa
Una juez federal de Estados Unidos ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga a la República Dominicana a pagar cerca de 44 millones de dólares al empresario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, tras una disputa legal que se extendió por casi una década.
La decisión fue emitida el pasado 31 de marzo por la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, quien acogió en su totalidad la recomendación de un magistrado y desestimó los intentos del Estado dominicano de anular el fallo arbitral internacional.
Origen del conflicto
El caso se remonta a 2007, cuando un municipio dominicano firmó un contrato con la empresa Lajun Corp. SRL para la gestión del vertedero de Duquesa, ubicado en Santo Domingo Norte.
En 2013, Lee-Chin —presidente de Portland Holdings Inc— adquirió indirectamente el 90 % de Lajun, así como parte de los terrenos donde opera el relleno sanitario.
Sin embargo, en 2017 el gobierno dominicano rescindió el contrato, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, y asumió el control total de las instalaciones.
El inversionista consideró la medida como una expropiación ilegal.
En 2018, Lee-Chin llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), amparado en el tratado de libre comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom).
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a su favor, concluyendo que la terminación del contrato constituyó una expropiación y una violación al trato justo y equitativo.
El laudo estableció una compensación de:
- US$38.7 millones por la expropiación
- US$4.8 millones por trato inequitativo
Con intereses y costos, el monto total asciende a poco más de US$43.6 millones.
Intento fallido de anulación
Tras el fallo, el Estado dominicano acudió a un tribunal federal en Washington D.C. en diciembre de 2023 para intentar anular la decisión, alegando que no existía un acuerdo válido para arbitraje bajo la Ley Federal de Arbitraje.
No obstante, la jueza Kollar-Kotelly rechazó estos argumentos y reafirmó la validez del proceso arbitral, destacando la política estadounidense favorable a este mecanismo en disputas comerciales internacionales.
El tribunal concluyó que:
- El tratado de Caricom delegaba claramente la jurisdicción a los árbitros
- El Estado dominicano no demostró irregularidades ni fraude
- El tribunal arbitral actuó dentro de sus facultades
Con esta decisión, se reduce significativamente la posibilidad de apelaciones en instancias inferiores, dejando al Estado dominicano con la obligación de ejecutar el pago.
Desde la defensa del inversionista, el abogado Richard C. Lorenzo afirmó que su cliente está “muy complacido” con el resultado y espera que el país cumpla con el laudo con prontitud.