Desmantela red que se dedicaba a la explotación sexual de menores en La Romana
El Ministerio Público ha desarticulado una red dedicada a la trata de personas con el propósito de explotación sexual en una provincia no especificada.
Durante la operación, se logró la detención de dos individuos señalados como líderes de la organización, responsables de la explotación sexual de al menos quince adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de la provincia de La Romana, encargadas del caso, han informado que se llevaron a cabo los arrestos de Yhonfy Joel Acosta Núñez y/o Jhonfy Joel Acosta Núñez, así como de Yovanny Luima Moni, los cuales fueron capturados mediante una orden judicial. Ambos individuos han sido considerados como cabecillas de la organización delictiva y se encuentran ahora bajo proceso judicial.
El Ministerio Público ha presentado una solicitud a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, en la cual se pide la imposición de una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva contra Acosta Núñez y Luima Moni, así como la declaración del proceso como tramitación compleja. Estos individuos enfrentan cargos por delitos relacionados con la trata de personas, específicamente por la explotación sexual de adolescentes.
La PETT y la Fiscalía de La Romana señalan en la solicitud de medida de coerción que la red criminal se dedicaba a captar a adolescentes vía la plataforma de una red social, así como en distintas escuelas de La Romana, para ofrecerles un supuesto trabajo en un complejo turístico de esta provincia.
Una vez las jóvenes llegaban al complejo turístico eran ofrecidas a cambio de remuneraciones económicas a clientes de nacionalidad extranjera que se hospedan en el lugar.
Los imputados trasladaban a las adolescentes a diferentes lugares a bordo del vehículo marca Hyundai, modelo Sonata, color azul, coaccionándolas y explotándolas sexualmente por sumas de dinero que oscilaban entre los US$150 y US$175 dólares estadounidenses, esto, incluso, en horario de escolaridad.
La instancia detalla que los imputados, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, dada por su género, situación socioeconómica y estado de minoría de edad, le ofrecían sumas de dinero y objetos para luego explotarlas sexualmente, lo cual, según se ha determinado, le ha provocado daños psicológicos.
Sobre el arresto de los imputados, las autoridades informaron que se ejecutó el pasado 2 de junio en virtud de la orden judicial No.197-1-OALL-00109-2023, durante un allanamiento en una casa en La Romana, realizado en el transcurso de las pesquisas.
En el lugar fueron rescatadas nueve adolescentes y se incautaron bebidas alcohólicas y preservativos.
Luego de ser arrestado al imputado Luima Moni se le ocupó la cantidad de setenta y cinco mil pesos dominicanos (RD$75.000.00), mientras que a Acosta Núñez le fue incautado un celular marca Samsung, modelo Galaxy A51, entre otros objetos.
Las autoridades además han ocupado en el proceso otros teléfonos móviles de diferentes marcas y prendas de vestir y otros ajuares femeninos, entre otras pertenencias.
El caso ha recibido la calificación jurídica de trata de personas con fines de explotación sexual (agravado), los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1 (a), (h); 3 y 7, letras C, D, y E, de la Ley 137-03 sobre el Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano.
Al dar a conocer la información mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público dijo contar con suficientes pruebas testimoniales, documentales, periciales, audiovisuales y materiales para que se imponga a los imputados la prisión preventiva por ser la medida de coerción más idónea por la gravedad del caso y el peligro de fuga.
Indicó que está a la espera de que el Juzgado de Atención Permanente de La Romana fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción solicitada en contra de Acosta Núñez y Luima Moni.