Cuba ajusta su ley petrolera, pero expertos ven un sector privado pequeño y control rígido
La ley petrolera que entra en vigor este lunes en Cuba regula la cadena de hidrocarburos y amplía la inversión a nacionales y extranjeros; pero los privados en la isla aún son «pequeños» para los capitales necesarios en el sector y existe «un control rígido» estatal sobre estos recursos, consideraron expertos a EFE.
La normativa regula de manera integral, desde la exploración en zonas terrestres y aguas profundas hasta la refinación, transporte y comercialización, siempre bajo el precepto de que «los yacimientos» en territorio nacional «son de propiedad socialista de todo el pueblo y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad».
De acuerdo con el director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus, el objetivo es «crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural», así como «elevar las reservas» para tratar de cubrir «la demanda nacional de combustibles y sus derivados», en medio de la profunda crisis energética que vive la isla.
Para el economista Omar Everleny, aunque la ley «trata de organizar y normalizar todo lo que tiene que ver con petróleo y gas de exploración», el Estado cubano sigue teniendo «un control muy rígido» y una «hipercentralización» sobre estos recursos.
Es decir, todos los permisos de cualquier cosa que se quiera hacer tienen que ser al más alto nivel de Gobierno que sigue con una retórica de mucho control», aseveró a EFE.
La ley abre un marco estructurado de intervención para que «personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, puedan participar en las actividades petroleras», mediante modalidades como «contrato de producción compartida; concesión petrolera y contrato de servicios petroleros».
De acuerdo con Abigantus, la apertura «abarca una cadena de valor que comienza con la exploración y extracción de hidrocarburos», pero busca que «el desarrollo del sector no dependa únicamente de la incorporación de capital para las operaciones extractivas» y se «puedan movilizar capacidades nacionales en los distintos servicios y actividades que requiere la industria».