Cristina Kirchner condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en Argentina
En una decisión de alto impacto institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La medida, que incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos, fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la ex mandataria, así como los de otros ocho condenados y el fiscal Mario Villar. Lo hizo utilizando la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, acompañado de fundamentos debido a la trascendencia institucional del caso.
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La causa investiga una maniobra de defraudación al Estado a través de contratos de obra pública en Santa Cruz, donde, según la Justicia, se favoreció de manera sistemática al empresario Lázaro Báez. Cristina Kirchner fue hallada culpable como coautora del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La confirmación del fallo convierte a Cristina Fernández de Kirchner en la segunda ex presidenta condenada por corrupción en democracia, después de Carlos Menem. La ex jefa de Estado, de 71 años, aún no será trasladada a prisión, pero el Tribunal Oral Federal N°2 deberá resolver en los próximos días las condiciones de su detención. Todo indica que recibirá el beneficio del arresto domiciliario por su edad.
El fallo también deja fuera de juego a la ex presidenta en las próximas elecciones legislativas, donde planeaba postularse por una banca provincial. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impacta de lleno en el escenario político argentino.
En su resolución, los jueces de la Corte destacaron que las sentencias anteriores se apoyaron en «pruebas profusas» y en «una interpretación razonada del derecho vigente», sin que se haya vulnerado el debido proceso. Además, subrayaron que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y Lázaro Báez «no fueron refutadas por la defensa», restándole eficacia a los planteos presentados.
Tras la decisión, la defensa de Fernández de Kirchner anunció que recurrirá a tribunales internacionales. La ex mandataria sostiene que es víctima de una persecución judicial.