Carlos Pimentel dice nueva Ley de Contrataciones restablece sistema de consecuencias eliminado en 2006

El director Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel reveló este jueves que las recientes modificaciones realizadas a la Ley de Contrataciones Públicas obedecieron únicamente a la corrección de un error material en tres o cuatro artículos, el cual fue subsanado antes de su publicación definitiva.

Durante una entrevista en el programa Despierta con la X, el funcionario rechazó ron las versiones que aseguran que la normativa no entrará en vigencia debido a esa corrección. “Decir que la ley no va a aplicarse por ese error es incorrecto. La ley está vigente”, al tiempo que afirmó que existen sectores a los que les preocupa la entrada en vigor del nuevo marco legal.

Pimentel, recordó que en 2006, cuando se aprobó la anterior Ley de Contrataciones, fue modificada apenas seis meses después para eliminarle el sistema de consecuencias. “Se le extirpó el régimen sancionador, lo que instaló un esquema de impunidad”, señalaron, cuestionando quién impulsó en su momento esa eliminación.

Corrupción: Inquietud en algunos sectores

Asimismo aseguró que el fortalecimiento del marco legal contra la corrupción ha generado inquietud en sectores con tendencia a incurrir en prácticas ilícitas, debido al robusto sistema de consecuencias actualmente vigente en el país.

«La nueva Ley de Contrataciones Públicas incorpora un régimen sancionador que antes no existía, estableciendo penas que van de dos a diez años de prisión. A esto se suma el nuevo Código Penal, que amplía significativamente las tipificaciones relacionadas con actos de corrupción», destacó el funcionario.

Indicó que el Ministerio Público «cuenta ahora con mayores herramientas legales para sustentar sus procesos, pudiendo aplicar tanto el Código Penal como la Ley de Contrataciones Públicas, dependiendo del origen de los hechos investigados, especialmente cuando se deriven de procedimientos de contratación».

Finalmente, aseguró que este fortalecimiento normativo no representa ningún obstáculo para la persecución de la corrupción, sino todo lo contrario: consolida un sistema alineado con estándares internacionales y refuerza la capacidad del Estado para sancionar las conductas ilícitas.