Cada año, el embarazo adolescente le cuesta 131 millones de dólares a República Dominicana
El embarazo en adolescentes sigue siendo un problema significativo en la República Dominicana, con implicaciones que afectan no solo a las jóvenes, sino también a sus familias, comunidades y al Estado. A pesar de los avances en la reducción de la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA), el país aún enfrenta grandes desafíos en la prevención y atención de esta problemática.
Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado «El precio de la desigualdad», reveló que el costo total del embarazo adolescente y la maternidad temprana en el país asciende a 131 millones de dólares anuales, representando el 0.38% del PIB nacional.
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América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente a nivel mundial, solo superada por África subsahariana. En el caso de la República Dominicana, la TEFA para el grupo de 15 a 19 años es de 50.6 por cada 1,000 adolescentes, ligeramente superior al promedio regional. Lo más preocupante es que el 87% de estos embarazos no son planificados, lo que evidencia la falta de acceso a educación sexual y métodos anticonceptivos.
El informe del UNFPA, basado en la metodología MILENA, estima que el impacto económico del embarazo adolescente en el país se distribuye en tres dimensiones principales:
- Educación: Muchas adolescentes embarazadas abandonan sus estudios, lo que limita su desarrollo personal y perpetúa el ciclo de pobreza. El costo de oportunidad en educación se estima en 51.9 millones de dólares.
- Ingresos laborales: Las madres adolescentes perciben un 23% menos de ingresos que aquellas que postergaron la maternidad, generando una pérdida de 65 millones de dólares en ingresos laborales.
- Empleo y actividad laboral: La tasa de inactividad laboral de las madres adolescentes es del 25%, y su tasa de desempleo del 9.1%, en comparación con el 7.4% de las madres adultas. Esto representa una pérdida de 14 millones de dólares en costos asociados a la inactividad laboral.
El embarazo adolescente también representa una carga económica para el Estado. Los gastos en salud pública vinculados a la maternidad temprana ascienden a 21.3 millones de dólares, incluyendo atención prenatal, partos y complicaciones médicas. Además, la reducción de ingresos laborales de las madres adolescentes implica una pérdida de 9 millones de dólares en ingresos fiscales.
El informe destaca que las adolescentes en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes presentan tasas más altas de embarazo en comparación con aquellas en áreas urbanas y con acceso a educación. Esto evidencia desigualdades en el acceso a servicios de salud y educación sexual.
Para enfrentar este problema, el UNFPA propone medidas clave:
- Educación sexual integral: Incluir programas de educación sexual en las escuelas y comunidades vulnerables.
- Servicios de salud accesibles: Garantizar atención de salud sexual y reproductiva para adolescentes, incluyendo acceso a métodos anticonceptivos.
- Políticas de retención escolar: Implementar programas que permitan a las adolescentes embarazadas continuar con su educación.
- Inversión en prevención: Se estima que por cada dólar invertido en prevención, el retorno es de 15 a 40 dólares, lo que resalta la importancia de destinar recursos adecuados a este problema.