El modelo de seguridad social establecido en la República Dominicana empezó a discutirse en los años ochenta. En el período 1996-2000, el Poder Ejecutivo encaminó un proyecto de ley para reformar integralmente el Seguro Social. Esta iniciativa contó con los auspicios de la OIT.
Pero en el camino entró el sector financiero. Entre 2000 y 2001, con nuevo gobierno y Congreso, fue el momento de la ofensiva final. Promovieron y “convencieron” de las maravillas del modelo instaurado en Chile, convertido en receta y préstamos del Banco Mundial, entre otras agencias. Prometieron a todo el mundo “ser dueño de su dinero”, la famosa “libretica”.
Invitaron a “expertos” chilenos y colombianos para imponer el dogma de la administración privada y la capitalización individual, que permiten convertir las cotizaciones en ahorro financiero para disponer de ellas y obtener jugosas ganancias. A este acto de convertir las pensiones y la salud (que son derechos fundamentales) en mercancías para beneficio de grupos e intereses privados, le hemos llamado corrupción legalizada. Finalmente lograron instaurar la Ley 87-01.
Para completar este sistema de “seguridad social”, se creó una institucionalidad propia, copiado igualmente de Chile. En las conocidas superintendencias y en el CNSS, las AFP y las ARS tienen un Estado dentro del Estado, con lo cual prescinden de las molestias de la democracia.
Los resultados dicen quién ha sido el ganador: de 2004 a 2019 las AFP obtuvieron utilidades por casi 40,000 millones de pesos, sumados a 24,500 millones en “gastos operacionales”. Es decir, más de 64 mil millones de pesos en una estructura empresarial parasitaria, que beneficia principalmente a los cinco mayores grupos financieros del país, incluyendo -lamentable y vergonzosamente- al Banco de Reservas. En ese trayecto, la rentabilidad de las AFP ha llegado a picos del 56%, y en 2019 fue de 38.7%, mientras la rentabilidad de los fondos de los cotizantes apenas llegó al 5.4%.
