Abinader sobre caso Jet Set: “No me involucro en temas de justicia”
El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este lunes que no se involucra en temas de la justicia, al ser cuestionado sobre su opinión respecto al proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, dejando 236 muertos y más de 180 heridos.
«Ustedes saben que yo no me involucro en los temas de la justicia y no opino sobre esos temas», agregó el mandatario dominicano durante LA Semanal.
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Aplazada audiencia de medidas de coerción
Mientras tanto, fue aplazada para el miércoles 18 de junio, a las 11:00 de la mañana, la audiencia donde se conocerá la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Espaillat. El Ministerio Público imputa a ambos los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, por presuntas modificaciones estructurales ilegales y negligentes que habrían provocado el desplome del techo del establecimiento.
Para Antonio Espaillat, la fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva, mientras que para Maribel pide prisión domiciliaria, debido a las lesiones que ella misma sufrió durante el colapso, incluyendo una herida profunda en la cabeza y la reconstrucción parcial de su oreja.
La audiencia fue pospuesta para que los abogados defensores tengan tiempo de analizar el expediente y preparar su estrategia.
Graves negligencias y presunta intimidación a testigos
Según el expediente, la discoteca —que originalmente funcionaba como cine— fue modificada sin los permisos ni supervisión técnica correspondientes. La estructura habría perdido una columna clave y el techo fue cargado con estructuras pesadas que excedían su capacidad.
“El Ministerio Público ha planteado que recabó evidencias contundentes que demuestran que la tragedia del 8 de abril era totalmente evitable si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y valorado la vida por encima del dinero”, afirmó Wilson Camacho, director de Persecución.
Además, las autoridades acusan a los imputados de intimidar a testigos, con el fin de evitar que ofrecieran declaraciones que comprometan su responsabilidad penal.
“Este caso dejó más de 130 niños huérfanos. Niños que posiblemente, antes del 8 de abril, tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto”, agregó Camacho.