Abinader propone nueva ley para regular juegos de azar y prevenir el lavado de activos
El presidente Luis Abinader sometió este martes al Senado un proyecto de ley que busca establecer una regulación integral para los juegos de azar en República Dominicana, con el objetivo de combatir el lavado de activos, garantizar la supervisión efectiva del sector y proteger a los usuarios, especialmente a menores de edad.
La propuesta, enviada a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), entidad que tendrá a su cargo la autorización, supervisión y fiscalización de las licencias operativas para 15 modalidades distintas de juegos de azar, incluyendo casinos, loterías, apuestas deportivas, bingos, rifas, juegos por internet, entre otros.
Impuestos, restricciones y ubicación
El proyecto detalla las tarifas y normativas específicas para cada tipo de juego. Por ejemplo:
- Casinos: Solo podrán operar dentro de hoteles de cuatro estrellas o más. Se aplicarán impuestos por mesa y por máquina tragamonedas, además de un 5 % sobre las ventas brutas.
- Bancas deportivas: No podrán tener más de 10 tragamonedas ni instalarse en parajes. Pagarán hasta RD$794,414 para entrar en operación y una tarifa mensual adicional.
- Máquinas tragamonedas: Solo permitidas en casinos, hoteles y casas de apuestas. Quedan prohibidas en colmados y centros de diversión.
- Juegos por internet: Estarán gravados con un 10 % de las ventas brutas. Hasta habilitar una plataforma digital, las empresas deberán pagar RD$5 millones mensuales.
- Casas de lotería y loterías electrónicas: Deberán operar a distancias mínimas de 200 metros de escuelas e instituciones. Se establecen nuevos impuestos y requisitos de registro.
Control, sanciones y mensajes obligatorios
El proyecto también busca fortalecer la ciberseguridad y limitar el acceso de menores de edad a las plataformas digitales. Además, exige que todos los negocios muestren de forma visible el mensaje: «Jugar compulsivamente afecta tu salud».
Las sanciones por infringir la normativa pueden alcanzar hasta 400 salarios mínimos, e incluso penas de prisión de entre seis meses y 10 años, en casos graves o de reincidencia, según lo establecido por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Contexto y próximos pasos
En su carta al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Abinader expresó que la iniciativa busca modernizar el marco legal con herramientas tecnológicas y jurídicas que permitan un control más estricto del sector. El proyecto fue enviado a una comisión del Senado para su estudio y posterior informe.