Abel Martínez exige al Gobierno medidas frente a la migración haitiana
El dirigente político Abel Martínez ha llamado a las autoridades a tomar medidas contundentes frente a la migración de haitianos indocumentados, señalando que esta situación representa una amenaza para diversos sectores clave de la República Dominicana, incluyendo el sistema sanitario, educativo, la seguridad ciudadana, y la soberanía nacional.
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Martínez destacó que, de acuerdo con cifras oficiales, más del 37% de los partos en hospitales públicos son realizados a mujeres haitianas en situación irregular. Este dato, según afirmó, tiene un impacto significativo en el presupuesto de salud del país, que ya enfrenta limitaciones. Además, mencionó que “se estima que más de 25 mil millones de pesos del presupuesto anual del Estado se destinan a cubrir gastos de salud de inmigrantes haitianos”, lo que describió como una carga insostenible que amenaza con colapsar los servicios públicos esenciales.
En el ámbito educativo, Martínez subrayó que miles de niños dominicanos se ven desplazados de las aulas debido a la ocupación de plazas por menores haitianos, una situación que, según él, las autoridades niegan sistemáticamente a pesar de las denuncias de los padres. “Esta situación profundiza la exclusión social y reduce las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos del país”, enfatizó.
Seguridad y asentamientos irregulares
Martínez también alertó sobre el impacto del flujo migratorio irregular en la seguridad ciudadana y el orden público. Según el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, las comunidades ubicadas en la periferia de las ciudades y en zonas rurales son las más afectadas, ya que enfrentan el crecimiento de asentamientos ilegales en áreas vulnerables como orillas de ríos y construcciones abandonadas. Estos asentamientos, indicó, incrementan la presión sobre los servicios básicos y representan un riesgo medioambiental para las regiones afectadas.
Frente a esta problemática, Abel Martínez instó al Gobierno a implementar medidas de deportación masiva para controlar el flujo migratorio irregular. Aseguró que estas deportaciones deben llevarse a cabo con apego a la ley, pero con determinación y rapidez, para garantizar la estabilidad social y económica de la nación. «La permanencia de millones de extranjeros ilegales amenaza con desestabilizar el tejido social y económico del país», advirtió Martínez